Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré y condenado en otras dos causas, fue sentenciado este jueves a ocho años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable por un tribunal de cometer presuntas irregularidades en la construcción de 15 instituciones educativas en 2016.
El Tribunal de Sentencia manifestó durante el juicio que no se ha cumplido el plazo de prescripción, así como tampoco se ha cumplido el plazo máximo de vigencia establecido en la ley, por lo que corresponde su juzgamiento. Aseveraron que el ex intendente Roberto Cárdenas causó un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos a la Municipalidad, de royalties provenientes de la Itaipú Binacional. Sin embargo, señalaron que no se sabe cuáles fueron los móviles del condenado.
Con respecto a la existencia de hechos punibles, la magistrada Yolanda Portillo, quien presidió el tribunal, señaló que valoró cada una de las pruebas, como ser testigos y pruebas documentales, entre otras, por lo que teniendo en cuenta el principio de búsqueda de la verdad que establece el Código Procesal Penal se consideró la culpabilidad del político.
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Portillo señaló que Cárdenas fue juzgado por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, y que se tuvo en cuenta la transgresión de la Ley 4758, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y la 3966, Ley Orgánica Municipal, además de las leyes que establecen los clasificadores presupuestarios.
“La conducta de Roberto Cárdenas fue dolosa, dado que firmó los pagos a sabiendas de que las obras no estaban siendo fiscalizadas por las personas que debían fiscalizar. (...) No se ha presentado ninguna circunstancia fáctica que señale la legítima defensa o permiso legal que le haya autorizado realizar los actos”, expresó Portillo.
Asimismo, dijo que Cárdenas era una persona mayor de edad al cometer el hecho y que no existieron indicios para presumir que cuente con algún trastorno mental que pueda justificar su actuación, por lo que es considerada “atípica, antijurídica, reprochable, y por lo tanto es punible”.
Por su parte, el ex director de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, fue sentenciado a 6 años de cárcel, y Carlos María Mendieta, encargado de la Dirección de Obras de la Comuna, obtuvo una pena de 3 años de prisión, ambos en carácter de cómplice. Se comprobó que los ex funcionarios actuaron en concordancia con el ex intendente de Lambaré.
Mientras tanto, Alejandrino Duarte, también en carácter de cómplice, fue condenado a unos 3 años de pena privativa de libertad.
También fueron acusados Francisco Villalba, Nery Passi, Cristino García y Eladio Alcides Adorno Peña, representantes de las constructoras.
La lectura de la sentencia se realizará el próximo jueves 30 de diciembre a las 20:00.
De acuerdo con la acusación fiscal, unos G. 800 millones es el perjuicio patrimonial a la Comuna lambareña durante el periodo en el que Roberto Cárdenas era administrador.
El tribunal que condenó este jueves a Cárdenas estuvo presidido por Yolanda Portillo e integrado por las magistradas Yolanda Morel y Elsa García.
Mientras tanto, los agentes fiscales Luis Said, Teresita Torres y Carina Sánchez fueron los representantes del Ministerio Público que habían solicitado los ocho años de cárcel para el político. Para Carlos Mendieta y Alejandrino Duarte, la Fiscalía había solicitado tres años de cárcel por complicidad y actividades peligrosas en la construcción.
Por otra parte, el ex intendente de Lambaré ya cuenta con dos condenas por lesión de confianza. La más reciente se expidió el 14 de setiembre pasado.
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Cárdenas recibió cuatro años de cárcel por el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré y un daño patrimonial de G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fonacide.
Además, el 23 de julio de este 2021, recibió una leve condena por lesión de confianza, en el caso conocido como “royalties-pavimentación”. Según la Fiscalía, hubo un perjuicio de G. 7.700 millones en contra de la Municipalidad de Lambaré.
Asimismo, el ex jefe comunal también está procesado en otras causas como la supuesta mala utilización de los recursos del Fonacide, abierta a raíz del derrumbe de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré (CNL), en setiembre del año 2015.
A estas se suma un proceso por usurpación de funciones públicas y un caso de lesión de confianza por fondos de jubilaciones de los empleados municipales. En este último caso, presuntamente no realizó el depósito correspondiente al aporte de 20 funcionarios municipales.
