Se trata de Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, quien había cooperado con la investigación fiscal, pero no recibió la ayuda procesal que le prometieron, según el escrito presentado ante el juzgado penal de garantías.
El pedido de nulidad absoluta fue presentado ayer en la causa 13/2019, sobre lesión de confianza, por el desvío de más de G. 2.100 millones de las arcas de la Municipalidad para gastos de campaña electoral, también conocido como el caso Frontera Producciones.
El abogado Rolando Cáceres Salvioni, defensor de Sanabria, solicitó que el pedido sea resuelto en la audiencia preliminar a realizarse el 28 de marzo próximo, para no entorpecer el proceso penal, según su versión.
La defensa alega la falta de notificación del proceso iniciado en su contra, tras la imputación fiscal presentado el 29 de diciembre pasado y cuya audiencia para ser oído no se realizó hasta la fecha.
No fue notificado. “Es la audiencia para ser oído la instancia en la que un imputado recibe la notificación formal sobre la imputación en su contra y de los elementos que existen en su contra, para que pueda ejercer su derecho constitucional a la defensa. La Fiscalía lo acusó, sin ser notificado, y no tuvo oportunidad de defenderse. El Senador Zacarías Irún fue oído y notificado, pero mi cliente no”, afirmó el abogado.
En un extenso escrito, el abogado refiere además que Sanabria Notario había sido coaccionado por la fiscal Josefina Aghemo para colaborar con la investigación fiscal, ya que le había advertido que tanto él, su esposa Olga Beatriz Rojas, sus cuñados Dora Elsa Rojas, Gustavo Adolfo Rojas y Lucía Rojas, podrían pasar varios años en prisión y sus hijos y sobrinos quedarían abandonados, en caso de que no accediera a colaborar con ellos.
En consecuencia, Sanabria Notario señala que llevó un equipo informático en una oficina de la Municipalidad, para que pueda ser encontrado por los agentes fiscales durante el allanamiento realizado el 18 de febrero del año pasado. Así también, refirió que su declaración indagatoria llevó en un pendrive, que fue modificado por los investigadores del Ministerio Público, para tener elementos de prueba contra el senador Zacarías Irún, según el escrito.
En la causa están procesados por lesión de confianza como actor, Sandra Mcleod de Zacarías y Alberto Rodríguez Florentín, como ordenadores de gastos, mientras que en carácter de cómplice están David Espínola, Carlos Darío Bordón Bottino, Sanabria Notario y sus familiares.
Más tarde, fue imputado como instigador el senador Zacarías Irún, basado ya en la versión de Sanabria Notario, que ahora aduce la violación de su derecho a la defensa y el incumplimiento del acuerdo por parte de la fiscala Josefina Aghemo, con quien se reunió en varias ocasiones en privado, para coordinar la cooperación con la investigación del Ministerio Público, según el escrito.
Agrega el abogado Cáceres Salvioni que su cliente asumió el riesgo, creyendo que en el Paraguay también existía la delación premiada como en el Brasil. No así los fiscales que sabían perfectamente de los actos absolutamente ilegales que estaban haciendo cometer a mi defendido, aprovechándose de la situación en la que se encontraba, señala en el escrito.
