Torres es acusado de “presunta omisión” por las autoridades, pues era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales, sin mayor resistencia policial, asaltaron el domingo pasado las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia.
El ex ministro fue arrestado en la mañana de este sábado por la Policía Federal en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, donde estaba de vacaciones.
Detenido en un batallón de la Policía Militarizada, Torres rindió indagatoria este mismo sábado, pero el contenido de sus declaraciones se mantendrá bajo sigilo, según informó la Policía Federal.
DE VACACIONES. El ex ministro asumió el comando de la seguridad de la capital del país el 2 de enero y cinco días después, y sin explicaciones, se fue de vacaciones a Estados Unidos, por lo que no estaba en Brasil cuando se produjeron los disturbios.
No obstante, la posibilidad de que se registraran ataques por parte de radicales fue advertida por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) el 6 de enero, un día antes que Torres abandonara el país.
Pese a las advertencias, el esquema de seguridad dispuesto no contó con suficientes uniformados para contener a los radicales, que derrumbaron las barreras que impedían el acceso al sector donde se levantan las sedes de los tres poderes dejando un manto de destrucción a su paso.
A la acusación de posible omisión se suma un polémico documento encontrado en su residencia durante un allanamiento ordenado por el magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, en la misma sentencia en la que determinó su arresto.
Se trata del borrador de un decreto presidencial que habría permitido al ahora ex presidente Bolsonaro intervenir la justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Lula.
En mensajes publicados por las redes sociales esta semana desde Estados Unidos, Torres repudió los ataques, alegó que existía un plan de contingencia en caso de actos violentos por las marchas y dijo que el documento encontrado en su residencia fue “filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra.
Por las redes, el ex ministro también dijo que se pondría a manos de las autoridades porque está “seguro que la verdad prevalecerá”.
CONNIVENCIA. Videos divulgados en las redes sociales también han dejado ver la presunta connivencia de uniformados en los vandálicos, algo que también sospecha hasta el mismo Lula.
“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir que alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo esta semana durante un desayuno con la prensa en Brasilia.
La seguridad de Planalto depende tanto de la Guardia Presidencial como de los agentes de la Policía Militarizada, algunos de los cuales aparecen en videos confraternizando con los asaltantes. En el mismo tono se pronunció este viernes Flávio Dino, actual ministro de Justicia, quien aseguró que el documento encontrado en la casa de Torres evidencia que hubo una “planificación” de los ataques.
1,100 personas siguen bajo arresto
Más de 1.100 personas de las más de 2.000 que fueron detenidas tras los disturbios ocurridos una semana después de que Lula da Silva asumiera la presidencia para un tercer mandato, continúan bajo arresto, con unos 684 (ancianos o enfermos, padres de niños pequeños y personas sin hogar) liberados a la espera de juicio. Los cargos contra los alborotadores incluyen “terrorismo”, asociación criminal, atentado contra el Estado democrático, participación en un intento de golpe de Estado e incitación al crimen. Las autoridades también abrieron otra investigación para determinar quién financió la logística de los manifestantes que acamparon en Brasilia durante días, muchos de los cuales llegaron en buses desde otros estados el día del asalto.
