Los jueces Fabián Weisensee –que sigue internado–; Laura Ocampo y Cándida Fleitas, quienes fueron ratificados por el Tribunal de Apelación Penal, deberán decidir acerca del pedido hecho por la defensa.
La petición fue hecha por los abogados Secundino Méndez, defensor de Osvaldo Vera, y René Fernández y Gilbi Quiñónez, defensores de Bower. Por su parte, Merardo Palacios, el tercer procesado, se quedó sin defensor la semana pasada.
En su pedido, invocan la Constitución, el Pacto de San José, respecto al plazo razonable, a más de señalar los artículos 373 y 374 del Código Procesal Penal, que establecen el plazo máximo de 10 días de suspensión, y disponen el reinicio del juicio desde cero, en caso de interrupción.
Remarcan que la última audiencia se dio el 19 de octubre pasado, cuando dictaron resolución con respecto a la reprochabilidad. En esa ocasión, por votos de las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas, se los declaró reprochables. Weisensee votó por declarar no probada la acusación.
Después, la defensa cita la continuidad para el 25 de octubre, pero fueron recusados por Bower, con lo que no se reanudó el juicio. En este caso, los jueces habían citado a Osvaldo Vera y Merardo Palacios, para seguir el juicio, pero fueron recusados.
Luego fueron convocados el 30 de octubre, según la defensa cuando ya expiró el plazo para continuar el juicio, pero de nuevo fueron recusados. Posteriormente, son convocados para el 4 de noviembre, pero no se reanudó por un recurso planteado. Además, de nuevo fueron recusados.
Finalmente, fueron convocados para el 12 de noviembre, pero la audiencia se dejó sin efecto. Esto, por la internación del juez Weisensee. Además, hubo una nueva recusación contra los jueces.
Con todos estos puntos, dicen los defensores que transcurrieron 32 días desde la última sesión del juicio oral, con lo que dicen que quedó interrumpido y debe reiniciarse desde el principio. Además, piden que se excusen porque ya han dictado un veredicto de reprochabilidad en la causa, con lo que ya emitieron opinión sobre el proceso.
Esta causa es una de las más largas de los tribunales. Los hechos ocurrieron en mayo del 2000, con lo que pasaron más de 24 años de los hechos denunciados. La imputación es del 2001, con lo que son 23 años de proceso, sin que exista una sentencia.
