11 abr. 2025

Ex ministros imputados denuncian extracción irregular de datos por parte de Fiscalía

Miembros del gobierno de Mario Abdo Benítez, actualmente imputados en la causa del ex presidente Horacio Cartes, denunciaron la extracción irregular de datos de sus correos electrónicos por parte del Ministerio Público.

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Carlos Arregui, René Fernández y Arnaldo Giuzzio.

FOTO: RODRIGO VILLAMAYOR.

Los ex secretarios de Estado René Fernández (Senac), Carlos Arregui (Seprelad) y Arnaldo Giuzzio (Senad y Ministerio del Interior) visitaron en la mañana de este lunes la unidad del fiscal Néstor Coronel, a fin de mantener una reunión con él y entregar un escrito para pedir información acerca de la denuncia que realizaron el caso de los chats.

Fernández, el ex ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, fue consultado acerca de una diligencia que realizó el Ministerio Público en el marco de la causa de Horacio Cartes, por supuesta “filtración de sus secretos” en el gobierno de su antecesor, Mario Abdo Benítez.

El fiscal Aldo Cantero, quien fue apartado del caso Cartes luego del escándalo de los chats, solicitó vía judicial extraer información de sus correos electrónicos y la jueza Cynthia Lovera lo autorizó, ordenando la notificación a los investigados, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

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De acuerdo con René Fernández, nunca fueron comunicados de esto. Aseguró que recién este lunes tomaron conocimiento del pedido y la resolución.

“Para empezar, no fue realizada por el anticipo jurisdiccional de prueba. Fue una mera autorización judicial. El Ministerio Público no llevó adelante bajo las reglas de la pericia. Designó un perito, pero no cumplió con las reglas previstas para el perito”, agregó.

La defensa de las partes afectadas debían proponer a una perito de confianza.

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“Esa porción de la irregularidad le corresponde al órgano jurisdiccional, porque habiendo (la jueza) otorgado la autorización judicial y ordenado la notificación a los imputados, la citación o el emplazamiento para la designación de peritos, el mismo juzgado haciendo tabla raza o violando su propia disposición, llevó adelante la pericia sin la notificación de las partes afectadas o sin que hayan sido emplazados para designar peritos”, acotó René Fernández.

Refutó que dicha información “ha sido manipulada por el Ministerio Público sin el control de las partes”.

“Desconocemos el contenido de ese acto de investigación llevado adelante a espaldas de la defensa y llevada adelante por un fiscal que se encontraba absolutamente contaminado, en cuanto a la característica de objetividad”, prosiguió.

Piden peritar celulares de Ovelar y Cantero

Las tres ex autoridades de hace dos gobiernos pasados, cuando presentaron el escrito en esta fecha, manifestaron que querían solicitar al fiscal Néstor Coronel, quien no se encontraba en su despacho porque estaba con permiso, ser informados sobre los avances de la investigación conforme al artículo 68 del Código Procesal Penal.

La idea era solicitarle al investigador de la causa de los chats, la incautación de los teléfonos celulares de los involucrados. Es decir, del fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes,

“Aparentemente, no existe la voluntad o el interés por parte del Ministerio Público de incautar la prueba que va a desvelar, que va a confirmar o desvirtuar la sospecha de la presente investigación”, sostuvo el ex titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción.

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Expresó que le parece extraño, por un lado, y por el otro confirman la sospecha “más preocupante”.

“Esta investigación no sido realizada con el legítimo interés de avanzar y de dilucidar los hechos, sino que simplemente para dar una respuesta mediática al escándalo desatado por estos chats que han tomado estado público, de tal forma a aplacar o a minimizar el impacto que se ha dado en la opinión pública y en los medios de comunicación, sino que en la ciudadanía en general”, sentenció.

Calificó a las conversaciones vía Whatsapp entre Cantero y Ovelar como “uno de los escándalos de instrumentación del sistema de Justicia y de funcionarios públicos”, similar a los audios filtrados del Jurado de Enjuicimiento de Magistrados (JEM).

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