Ninguna autoridad antecesora quiere asumir la supuesta falta de respuesta de las instituciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona en el informe de fondo del caso de demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí, por retención forzada y tortura del 17 al 30 de enero del 2002.
El ex procurador de la República Roberto Ilo Moreno negó que bajo su gestión se haya dejado de contestar a la Comisión.
Cuando el caso estaba siendo investigado, recordó Moreno en contacto con Monumental 1080 AM, todos los trámites se efectuaban por la vía diplomática y estaban a cargo “exclusivamente de la Cancillería”, deslindando así su responsabilidad.
“Las observaciones de forma como de fondo se hicieron íntegramente en el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), y luego del 2012 la comisión ya no hace nada, y deja el expediente picando hasta el mes de julio de 2017”, detalló.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppMoreno renunció a la Procuraduría en octubre del 2017 para ingresar a la lista del Senado por la ANR. En su lugar, asumió Francisco Barriocanal, quien en diciembre de ese año tomó el caso, ya ante la Corte.
En julio del 2017, la Cancillería pidió la prórroga, pero no para responder a la demanda, porque eso ya se había realizado en el año 2012, aclaró Moreno. Pero la CIDH no respondió, supuestamente, por lo que en su opinión fue este organismo el que dejó en indefensión al Paraguay.
“Como la Comisión durante 5 años (2012-2017) no movió el expediente, para justificarse puso a conocimiento de las partes unas fotografías y recortes periodísticos en julio del 2017, y ahí la Cancillería, no la Procuraduría, pide una prórroga porque un mes era muy poco. La Comisión nunca contestó, sino que directamente dijo que el Estado no contestó”, concluyó.