Nunca antes, en su breve gestión, había perdido los estribos de esta manera. Ni la pobreza ni la desigualdad ni la escandalosa corrupción ni la crisis de salud ni los nuevos nepobabies le movieron el amperímetro de la indignación.
La pregunta que lo sacó de quicio fue: ¿Existe conflicto de interés en la compra de bonos del IPS y el banco ueno? Su respuesta fue furibunda: “Acá estamos destapando una olla monumental de cómo se administraron los recursos, principalmente por el grupo económico al cual vos representás con tu medio de comunicación, que hoy no quiere que nosotros hablemos del fideicomiso que ellos administran de más de 100 millones de dólares”, personalizó el ataque al diario ABC. Siguió su prédica señalando con el dedo al periodista: “Ustedes les están mintiendo, como le han mentido históricamente, para defender los intereses económicos de un grupo que se llama Grupo Zuccolillo. Es una mentira nefasta, están manipulando a pobres abuelos que durante cinco años les engañaron cuando ustedes se estaban beneficiando económicamente”, marcó la cancha de la batalla mediática.
Con el correr de los días aparecieron los documentos; que el demonizado fideicomiso entre el Banco Atlas y el IPS se concretó en la era Cartes, cuando Peña era ministro de Hacienda y el actual titular del IPS, Jorge Brítez, consejero. Todos entusiastas convencidos del plan. Por ello, las esquirlas de sus bombas cayeron en su propio patio.
El mal humor continuó al día siguiente tras el informe de la calificadora Fitch Rating, que no dio al país el grado de inversión como lo hizo Moody’s. Con un agregado que sumó puntos a favor de la sociedad civil, ya que la calificadora puso en la columna negativa la denominada ley anti-ONG. “La supervisión es un intento de debilitar las protecciones para la libertad de asociación y expresión”, reseñó muy claramente. Luego enumeró los problemas que arrastra el país para avanzar: Institucionalidad todavía débil, con una economía que depende del clima y reformas pendientes.
El dictamen de Fitch dio nuevos bríos y unos 20 gremios empresariales y asociaciones pidieron en carta abierta al presidente de la República vetar la cuestionada ley. Peña abrió una pequeña ventana hacia la posibilidad del rechazo por la clara inconstitucionalidad. Hay que ver. Está bajo mucha presión del ala ultra del cartismo.
EL LADO OSCURO. La semana ratificó que la vieja política prebendaria sigue siendo uno de los principales troncos del Partido Colorado: El Estado para los amigos. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, contrató 455 funcionarios con una base salarial de G. 4.500.000 o 5.000.000, muchos de ellos jóvenes sin formación mínima cuyo único mérito es hacer hurras a su senador de turno. Privilegios salariales que el trabajador común no logra sino en años de trayectoria. La orgía colorada no para ni cuando los enfermos de cáncer claman medicamentos. O cuando el plato de comida no llega a todos los escolares de la República “porque no hay plata”.
En otra contradicción entre su discurso y la real politik, no se atrevió a bloquear fondos públicos para la jubilación vip de los parlamentarios y les concedió G. 3.500 millones para sostener la caja, profundizando la inequidad de los derechos sociales entre el ciudadano común y la casta política.
Terminó la semana encerrándose en el caparazón que le da seguridad. Bajo el manto protector de Horacio Cartes y de la cúpula colorada que lo aplaude y lo alienta a romper con aquellos sectores de la sociedad que se resisten a vivir bajo los pies del viejo nuevo régimen, arremetió contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, un potencial adversario en el 2028. Allí, en la ciudad esquiva a la ANR, se ratificó que el vicepresidente Pedro Alliana es el candidato bendecido para sucederlo, al son de los improperios contra los medios de comunicación.
La línea de ataque está trazada.
No es casual que la bajada de línea sea atacar a la sociedad civil, los nuevos comunistas 2.0, y a la prensa independiente. El ataque coordinado fue esclarecedor: Peña, Alliana, Juan Carlos Baruja, el gobernador de Canindeyú y otros desempolvaron la vieja prédica stronista contra la prensa por “trabajar contra los intereses del país”.
No en vano, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó en su reciente asamblea que “en Paraguay, el Gobierno y el partido oficial perpetraron las mayores agresiones contra la prensa”.
Con la defensa de las operaciones financieras del IPS vinculadas a sus negocios, los ataques coordinados contra la prensa, sus titubeos para plantarse contra la ley garrote que ya tiene costos para la imagen del país, y la prematura campaña de Alliana que precipita el desgaste de su poder, esta semana la figura de Peña se hizo aún más pequeña.
TEXTUAL
“Considero importante aclarar que no creo en simples coincidencias. Se cumplió un año de mi vuelta al Paraguay, por orden de la Cancillería. Desde esa fecha y sin ningún cuestionamiento de mi parte, formal o informal, –y a pesar de los motivos harto explicados de mi salida al servicio exterior (amenaza de narcos)–, intentaron hackear mi teléfono personal. Agradezco la rápida reacción de la Policía por la inmediata investigación; sin embargo, debo señalar que no considero ser solo parte de las estadísticas. Basta de mártires, basta de personas asesinadas, a quienes se recuerda con llantos, actos de conmemoración y misas, siendo que después protegen a los autores y actores, en todos los niveles, basta de amedrentamientos y amenazas. Sepan que no me voy a callar”. (Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia).
TRAMPITA. Santiago Peña quiere reformar la Constitución para que el 100% del impuesto inmobiliario quede en los municipios, una peligrosa compuerta para introducir la reelección presidencial.
ERROR. El Gobierno nuevamente comete el error de no debatir los temas polémicos y quiere aprobar el Registro Unificado Nacional sin el necesario debate nacional en el Parlamento, como corresponde.
NUEVO URGIMIENTO. La ex senadora Kattya González urgió por cuarta vez a la Corte Suprema para que resuelva la acción de inconstitucionalidad contra su destitución del Congreso en febrero pasado.
ARMATRÁFICO. Luego del caso Dirisio, saltó otro esquema del contrabando de armas que involucra a policías y militares. Un dato que alarma porque evidentemente no existe el temor a la Justicia.
