Una sanción de 500 a 1.500 jornales mínimos (G. 42.170.000 a G.126.510.000 respectivamente) o pena privativa de libertad de uno a siete años. A estas sanciones se exponen los responsables de la firma Benia Ambiental SA quienes fueron imputados por el Ministerio Público. Esto es debido al trabajo de movimiento de suelo, para el proyecto de sitios de disposición final que proyecta ejecutar en Yaguarón.
El procedimiento recién empieza y son seis meses de investigación, afirmó el fiscal Carlos Rojas. El proyecto es cuestionado por los moradores quienes realizaron una serie de protestas en contra del futuro vertedero.
Por otro lado, la actividad del vertedero municipal también fue cancelada por operar sin ningún tipo de criterio ambiental por parte del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, este ente otorgó al municipio una prórroga “para que en el plazo de seis meses puedan adecuarse en vista a la adquisición de un nuevo inmueble para su vertedero”. Pero, el actual vertedero sigue sin habilitación, aclaró la jueza instructora del sumario, Rocío Sanabria, del Mades. Con respecto a si el Municipio será sancionado por constatar irregularidad en la disposición de basura, dijo que ello queda en estudio a cargo del titular de Asesoría Jurídica del Mades, Hugo Cardozo.
