Un caso se inició tras la denuncia de concejales municipales en el 2019. Los funcionarios ayer fueron a exigir que se haga justicia y que avance la investigación por la supuesta anulación de boletas de pago en la Comuna, luego de que el contribuyente pagara su impuesto.
Se presume que esta maniobra tenía el fin de desviar fondos, causando un perjuicio de aproximadamente G. 10.000 millones, según detalló el director jurídico de la Municipalidad, Walberto Alonso.