Efecto expandido. Aunque hasta el momento son siete los funcionarios de Salud Pública que están siendo investigados, la diputada Rocío Vallejo menciona que todos los que intervinieron en la etapa que fue objetada por la Contraloría deben ser sumariados.
Entre los investigados está el ex director de Contrataciones, Pablo Lezcano. A él se suman seis del Comité de Evaluación.
De dicho Comité, dos son de la Dirección Administrativa, entre ellos Adrián Santander, y cuatro de la Dirección de Insumos Estratégicos, detalló el responsable de Salud Pública. “A ellos pueden sumarse otras personas o no”, expresó Mazzoleni.
“Todos los que intervinieron en la etapa que fue objetada por la Contraloría de la República deben ser investigados”, señaló la diputada Rocío Vallejo. El sumario también debería llegar a los ex responsables y responsables del área de Administración y Finanzas, como de Insumos Estratégicos.
La legisladora señaló que varias direcciones estuvieron involucradas en esta situación. Explicó que con un sumario parcial será difícil conocer todas las versiones. Mencionó que esto no será efectivo, considerando la gravedad del caso.
“Incluso se debe investigar desde el momento en que se alzó al portal que era sin anticipo pero en el pliego decía con anticipo, aunque la publicación haya sido posterior. Todo se debe aclarar. Toda la ciudadanía se quedó en la casa esperando estos insumos y merece una explicación”, acotó.
En conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzzoleni, aclaró que la cantidad de sumariados fue en base a la recomendación realizada por la Contraloría General de la República.
“Sin embargo, la investigación continúa y en base a eso pueden sumarse otras personas o no”, refirió Mazzoleni.
El titular de la cartera sanitaria había explicado el porqué de la demora en la presentación ante la Fiscalía. Según aseveró, tuvo que ver con la evaluación de los procesos de parte de la Comisión de Compras Covid-19, liderada por Arnaldo Giuzzio.
“En base a eso hacemos una denuncia a la Fiscalía General. También permite que le dé una mayor transparencia a todo el proceso de investigación”, refirió.
El responsable de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública también fue cuestionado por supuestamente dar su visto bueno en la evaluación de los insumos.
Irala explicó que hasta su dependencia llega un resumen de todo el proceso realizado por el Comité de Evaluación, que cuenta con sus propios abogados. Además del informe del comité, reciben el dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones.
“Nosotros lo que revisamos es que estén todos los documentos, no miramos el contenido porque ellos (los del comité) ya juzgaron todo”.
Reveló además que no supieron sobre la disidencia que pudo haberse dado, ya que no consta por escrito en ninguna parte. “Nadie nos informó de eso”, expresó.
El sumario en primera instancia alcanza a lo que recomienda la Contraloría de la República.
Ahora estamos examinando también todos los procesos de compra que se vienen llevando adelante en el Ministerio. Julio Mazzoleni