“En primer lugar, se tiene que transparentar a dónde va a parar ese dinero. En segundo lugar, tiene que existir una sanción con respecto a esto. Esto no puede quedar así, si no sería un precedente nefasto, no solamente para lo que ya ocurrió, sino para lo que podría ocurrir; cualquier intendente puede venir a sacar bonos para hacer cualquier cosa y usarlo en cualquier otra cosa”, señaló el concejal.
Ministerio Público. Grau calificó como llamativa la falta de pronunciamiento por parte de la Fiscalía, pese a las continuas denuncias sobre los G. 500.000 millones faltantes de emisiones de bonos, que hasta ahora no se presentan los documentos respaldatorios sobre el uso que se les dio.
“Ante un escándalo como este, el Ministerio Público ya debería haber abierto una investigación de oficio. Y es muy claro acá todo lo que sucedió, entonces sí que llama la atención que no haya ni siquiera una comunicación por parte del Ministerio que se ha abierto una investigación de oficio”, expresó el edil, quien viene solicitando informes que no son contestados.
Gastos. Ante el argumento del intendente Óscar Nenecho Rodríguez y los directores municipales para utilizar “temporalmente” los fondos de créditos en gastos corrientes, el edil consideró que no existe ningún marco legal.
Cuestionó que los contribuyentes estén pagando altos intereses por emisiones de bonos que eran para obras que no se concretan.
En la lista de espera se encuentran: Desagües pluviales en varias cuencas, modernización de la Estación de Buses, sistema de prevención contra incendio en el Mercado Municipal N° 4, intervención en el mirador Itá Pytã Punta, veredas inclusivas y otros.
Tras el cuestionamiento de los fondos faltantes, el jefe de gabinete del Municipio, Nelson Mora, había alegado que G. 287.000 millones fueron en mantenimiento de vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, servicios de transporte y disposición final de residuos.
Mientras que G. 50.000 millones se gastaron en las compras de retroexcavadoras, de palas mecánicas, de vehículos y G. 155.000 millones que fueron invertidos en la reposición de capital e intereses de los bonos anteriores.
Sin embargo, durante la exposición de más de cinco horas y media de Nenecho y los directores ante el pleno de la Junta Municipal no presentaron los documentos que respalden las transferencias realizadas para estos gastos operativos mencionados.
En el informe de balance de la Municipalidad de Asunción, desde enero hasta abril de este 2024, el pasivo llega a casi G. 2.5 billones.
Las deudas que se deben pagar a corto plazo representan G. 465.324 millones. A largo plazo la cifra ya trepa a casi G. 2 billones. En el desglose aparece que solo por bonos se debe G. 817.500 millones, de los grupos G5, G6, G7, G8 y G9.
El saldo de bonos que figura en caja, hasta abril de este año, es de G. 1.495 millones, de un total de siete bonos emitidos, pese a que varias obras no se ejecutaron.
Semana clave para informes
Hoy culmina el plazo para que el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, entregue por orden judicial documentaciones sobre uso de los fondos provenientes de emisiones de bonos, tras el amparo promovido por el concejal Grau.
“No se puede desconocer una orden judicial. Si no responde, sería un desacato”, refirió el edil.
La Ley 4711, sobre el desacato de una orden judicial, describe que “el que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa.
Esta semana también está prevista que la Contraloría General de la República emita el dictamen sobre el análisis de ejecución de fondos de bonos.
El 8 de julio también culmina el plazo de la segunda sentencia del amparo promovido por el abogado Ezequiel Santagada, quien además solicita que los datos sean subidos a la página web del Municipio.
Entre los informes requeridos están los extractos con certificación, conciliación bancaria, informe sobre estado de licitaciones de obras financiadas con el crédito público, origen de dinero de cuentas innominadas y saldos.
