El documento había ingresado en el 2022 durante el Gobierno anterior, pero quedó olvidado hasta que a principio de este año el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, del Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Andrea Picaso, volvió a presentar modificaciones al documento.
Caber resaltar que a seis meses, la institución sigue trabajando en un consolidado de propuestas hechas por gremios de sindicatos de trabajadores y sociedad civil, por lo que el proyecto sigue a la espera de más modificaciones para ser tratado.
No obstante, con la mayoría parlamentaria se estima que la propuesta del Ejecutivo tendrá el visto bueno este año, ya que se trata de una de las reformas pendientes y que este Gobierno espera iniciar lo antes posible, ante los reiterados señalamientos que hacen las multilaterales y calificadoras de riesgo sobre este punto.
En ese sentido, Cáceres menciona que el éxito de las reformas de la función pública dependerá “crucialmente que este compromiso se extienda a todos los entes estatales involucrados para garantizar su aplicación”, principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas.
Advierte, además, que existe riesgo que por las complejidades y controversias se podrían generar demoras en la reglamentación de la ley.
“Además, la ley propone disposiciones generales aplicables a todas las instituciones públicas, incluidas en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Estas disposiciones, que incluyen evaluaciones de desempeño a los funcionarios públicos cumplido el periodo de prueba de 6 (seis) meses, entre otras normas generales, generarán un debate significativo, ya que las diferentes entidades gubernamentales tienen sus particulares que deberán ser consideradas”, adelanta.
Por otro parte, sostiene que si bien el proyecto de ley al reconocer la autonomía de estos entes es coherente con el principio de independencia de poderes del Estado consagrado en la Constitución Nacional y que esta coherencia evita el argumento jurídico de que el resto de los artículos caen por su propio peso, en consonancia con el artículo 137 sobre la supremacía de la Constitución impugnados.
Es importante señalar que se han presentado varias acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 1626/2000, lo que tuvo un impacto significativo en su aplicación. Uno de los principales argumentos recurrentes contra la ley ha sido la violación del Principio de Independencia de poderes consagrado en el artículo 3 de la Constitución Nacional.
“En los primeros años de vigencia, se presentaron acciones que alegaban que la ley sometía de manera indebida al Poder Judicial. Estos antecedentes evidencian que el desafío principal radica en la implementación y adopción política de la ley por parte de los diversos sectores”, alega el director ejecutivo de la organización.
Explicó que con la nueva propuesta se identificó este vacío y ha propuesto una solución en su proyecto de ley presentado en febrero de 2024.
“Esto significa que estos entes serán las autoridades de aplicación de la ley en el ámbito de sus competencias y sobre sus respectivas organizaciones administrativas (artículo 117 - Autoridades de aplicación)”, indicó Cáceres.
Prosiguió: “Más allá de suplir los vacíos legales es fundamental que el Poder Ejecutivo, a través del MEF, fomente el diálogo y la adopción de la ley en todos los niveles del Estado. Se debe evitar que las voces representativas de cada Poder del Estado vuelvan a cuestionar la ley, en detrimento de la reforma y el legado que se busca dejar para garantizar una gestión pública de calidad. Generar el momentum a través de los órganos institucionales más sólidos será estratégico para el éxito de la iniciativa”.
Mérito y probidad. El representante de Horizonte Positivo recalcó que para lograr una transformación real y duradera, se debe consolidar el mérito y la probidad como principios rectores en la cultura de la función pública.
“Se debe velar por la designación de asesores vía concursos públicos , prohibir que sean parientes y acreditar experiencia profesional en la materia; tomar decisiones de ascenso, desvinculaciones con base en evaluaciones de desempeño”, recomendó-
Respecto a la estabilidad laboral en la función pública, que en la actualidad es de 2 años y que el proyecto de ley propone extenderlo a 4 años ininterrumpidos. Horizonte Positivo propone elevar el periodo de servicio ininterrumpido necesario a 6 años. “Esta propuesta busca acortar la brecha existente con el sector privado en materia de estabilidad laboral. Se invita a todas las partes interesadas a participar en un diálogo constructivo en torno a estabilidad laboral en la función pública”, explicó Cáceres. Señalan como otro aspecto complejo las limitaciones en la designación de asesores por parte de funcionarios públicos en cargos de conducción política, incluyendo a senadores y diputados (artículo 13 - Designación de asesores). Estas medidas requerirán de acuerdos y consensos entre los diferentes actores políticos para su implementación efectiva. “A pesar de estos desafíos, el MEF tendría la autoridad de aplicación (artículo 117) para iniciar un proceso de transformación dentro de las instituciones que componen el ámbito del Ejecutivo. Siendo este segmento con mayor cantidad de empleados públicos. El MEF en ese contexto juega un papel fundamental en el éxito de la reforma”, reiteraron.
