En ese sentido, el aumento de fraudes bancarios como vaciamientos de cuentas, SIM swapping y phishing ha generado preocupación entre los clientes y las autoridades. Al respecto, el analista y experto legal Stan Canova señala que la banca digital se expande a pasos agigantados, mientras que otros actores que deben acompañar este proceso en nuestro país están avanzando con un ritmo más cansino.
En ese sentido, apuntó a dos actores que pueden ayudar a mitigar los riesgos ante la ciberdelincuencia: el segmento asegurador, que puede ofrecer productos específicos destinados a casos de phishing y otros; y el Poder Legislativo, que debe actualizar el marco normativo correspondiente para hacerlo más robusto y enfrentar mejor estos ilícitos, consideró.
“El sector asegurador debe estudiar al menos y lanzar productos asociados al delito informático que hoy no tenemos, estamos desnudos básicamente (...) en esto hay un potencial de negocios también. Y el Congreso tiene hasta una comisión especial para estas cuestiones y hay que ver leyes para actualizar el Código Penal”, sostuvo.
responsabilidad. Por otro lado, el abogado Eduardo Hillar apuntó a la responsabilidad de los bancos y criticó la postura de varias de estas entidades de considerarse meros intermediarios en estos casos, argumentando que no intervienen en los movimientos fraudulentos. Sin embargo, las denuncias de fraudes bancarios han crecido exponencialmente, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de que las entidades financieras implementen medidas más efectivas para proteger a sus clientes, según indicó.
En el marco legal, Hillar destaca la importancia de la obligación de seguridad en las relaciones de consumo bancario, donde los clientes son considerados consumidores y están amparados por la Ley de Defensa del Consumidor. La falta de seguridad en los sistemas bancarios, conforme a la lectura del letrado, puede ser considerada como causa del daño, incluso si el cliente ha sido engañado para revelar sus datos personales involuntariamente (caso de phishing).
Ante esta situación, Eduardo Hillar plantea la necesidad de reintegrar a los clientes afectados las sumas que puedan ser debitadas de manera fraudulenta, así como cesar los efectos de los negocios (como ser préstamos) realizados bajo engaño. Además, indicó que precedentes legales en otros países pueden servir para considerar la imposición de multas civiles a las entidades financieras que incumplen con su obligación de seguridad.
trabajo conjunto. Ante las consultas de nuestro medio, los técnicos del Banco Central del Paraguay explicaron que la banca matriz adopta “una postura activa” en la protección de los clientes afectados por fraudes bancarios. “El BCP viene trabajando de manera conjunta con las entidades del sistema financiero para establecer y reforzar medidas de seguridad que mitiguen los riesgos de fraudes, donde los participantes del SIPAP (que es el Sistema de Pagos del Paraguay) deben garantizar la implementación y actualización continua de estos controles manteniendo así la confianza y protección de los usuarios del sistema financiero”, indicaron desde el BCP.
En esa línea, resaltaron que el 19 de enero de 2023 el BCP emitió la Circular 001/2023 de la Gerencia General, con el objetivo de establecer mecanismos que mitiguen los riesgos de fraudes (detalles en la infografía). La misma debe ser cumplida por todos y cada uno los participantes del SIPAP, señalaron desde el ente financiero matriz.
“En este contexto y desde la perspectiva del Banco Central del Paraguay, las medidas implementadas por los bancos privados para proteger a sus clientes de fraudes electrónicos son robustas y contribuyen significativamente a la seguridad del sistema financiero”, evaluaron.
