Los expositores indicaron que no se trata de un seguro ni un subsidio, sino de un fondo público creado por ley a partir del aporte estatal y del pequeño productor.
“La intención de dotar al Estado de mecanismos de protección de la agricultura campesina es de suma importancia para generar condiciones para garantizar como primera prioridad seguridad alimentaria a la agricultura campesina y al país, y posibilitar que esta pueda salir de la situación de pobreza en la cual se encuentra”, expresó el ingeniero agrónomo, Andrés Wehrle, durante el seminario virtual que abordó sobre nuevos instrumentos de protección social.
Para Wehrle, la agricultura campesina no es solo productora de alimentos, sino es un sector social, económico que ocupa un territorio y debería ser considerada en la política pública como un sector estratégico.
Sobre algunos impactos climáticos que sufrió el sector mencionó que en el 2011, la pérdida de producción de la mandioca alcanzó los USD 94 millones, mientras que la de sésamo representó un perjuicio de USD 13 millones. En el 2017 ocurrió lo mismo con los productos frutihortícolas por un monto de USD 25 millones.
