Alcides Manena
PRESIDENTE HAYES
Cristino Aguirre, líder de la comunidad La Patria, del pueblo Angaité, en el distrito de Puerto Pinasco, advierte que la situación es insostenible y que los problemas no se limitan solo al agua. “La falta de acceso a salud, educación y alimentación es una constante para nosotros, y sin políticas públicas adecuadas; nuestras comunidades siguen siendo postergadas”, afirmó. En su lucha por los derechos básicos, los indígenas han encontrado apoyo en la organización Tierra Viva, que visibiliza sus reclamos y exige al Gobierno medidas urgentes.
Los líderes comunitarios no se quedan de brazos cruzados. Viajan constantemente a Asunción en busca de respuestas, presentando peticiones a las autoridades para obtener soluciones efectivas y sostenibles. Sin embargo, hasta el momento, el Estado solo ha respondido con medidas paliativas, como la distribución de agua en camiones cisterna, lo que no resuelve el problema de fondo.
La comunidad Espinillo, del pueblo Enxet Sur, ubicada a 25 kilómetros de Pozo Colorado, es otra de las más afectadas. Situada sobre el camino que conecta con Concepción, sufre las mismas dificultades que otras aldeas indígenas del Bajo Chaco: lluvias escasas que impiden la recolección suficiente de agua para el consumo humano.
Ante esta crisis, los nativos han tenido que racionar el agua para poder sobrevivir, mientras continúan organizando manifestaciones y bloqueos de ruta para exigir asistencia estatal. No obstante, los recursos que llegan suelen ser insuficientes y temporales, sin una política estructural que garantice el acceso al agua potable.
Para coordinar sus reclamos, las comunidades indígenas del Bajo Chaco están nucleadas en la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBC), presidida por Severo Rojas, quien denuncia la falta de compromiso del Estado.
“Sin agua no hay vida. Las autoridades no tienen voluntad de dotarnos de infraestructuras que nos den una solución definitiva”, manifestó.
Mientras la sequía sigue castigando la región, los líderes comunitarios insisten en que el Gobierno debe cumplir con su obligación de garantizar el acceso al agua, un derecho fundamental que, hasta ahora, sigue siendo negado a los pueblos originarios del Chaco.