La jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz elevó este viernes a juicio la causa contra Mario César Ferreira por presuntos hechos de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad. Esto en el caso de las facturas falsas donde investigaron a famosos, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El año pasado el fiscal Juan Ledesma procesó por evasión de impuestos a Mario César Ferreira, dueño del estudio contable allanado en el barrio Maramburé de la ciudad de Luque, Departamento Central.
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Se detectó la existencia de un presunto esquema creado con el fin de evadir impuestos. Hasta el momento se conoce más de 100 contribuyentes que habrían utilizado esas facturas que fueron conseguidas en forma ilícita, a los efectos de evadir el pago de los tributos, según había confirmado el fiscal Ledesma.
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Se maneja que en el estudio contable de Luque se habrían creado alrededor de 52 empresas fantasmas para vender las facturas ilícitas a los contribuyentes y pagar así menos impuestos. La evasión alcanzaría los USD 15 millones. De acuerdo con la investigación, las supuestas facturas falsas fueron gestionadas en dos imprentas de nombre Servicios Gráficos Rall y Gráfica Monarca SRL.
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Los documentos impositivos pertenecían supuestamente a un hombre identificado como Gustavo Tomás Barrios Amarilla, de profesión taxista, pero los mismos eran solicitados por Mario César Ferreira. Este último sería representante legal de la Consultora GSM SA, la cual se dedica a servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros, entre otras actividades.
La Fiscalía imputó a varios contribuyentes por producción de documentos no auténticos. El monto de la supuesta megaevasión es de G. 240.000 millones.
Entre las personas involucradas en el hecho figuran los periodistas Yolanda Park, quien obtuvo facturas falsas por G. 929.412.550; mientras que Jorge Vera por G. 82.745.456 y Carlos Troche Cristaldo por G. 28.090.909. Los tres fueron beneficiados con el criterio de oportunidad y donaron una ambulancia como reparación del daño social por la producción de documentos no auténticos.