Según fuentes de este medio, hasta el momento, la empresa brasileña ha optado por no renovar la licencia para el uso de su marca en el territorio paraguayo.
Se trata de una sentencia del 24 de abril del 2024 que condena a Petrobras (Brasil) a pagar más USD 40 millones a Compañía de Petróleo y Asfalto SA (Compasa), más intereses y costas del juicio, por el incumplimiento de un contrato de distribución que afirman celebrado por Petróleo Brasileiro SA.
La suma es en concepto de intereses moratorios liquidados desde julio de 2013 hasta el 31 de agosto de 2022.
De acuerdo con los datos, el acuerdo fue en ese entonces con Petrobras Distribuidora SA (hoy Vibra Energía SA) con Compasa, donde Petróleo Brasileiro SA no tiene participación accionaria alguna en la actual Vibra Energía SA.
Sin embargo, el principal problema pasa en que en un juicio anterior Petróleos Brasileiro SA ya fue condenado a pagar a Compasa más de USD 32 millones de dólares por la misma causa y en relación con el mismo contrato de distribución.
En el primer juicio, la demandante Compasa con base en la Ley Nº 194/93, que establece las indemnizaciones para los supuestos de rescisión de contrato y de negativa a prórroga contractual, accionó contra la petrolera brasileña. Dicha sentencia dictada por la jueza Julia Alonso, quien fue después fue suspendida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de funciones.
Posteriormente, Compasa promovió un segundo juicio argumentando que el mismo contrato con Petrobras Distribuidora por el que había demandado en el 2002 nunca se había resuelto ni extinguido y que el primer juicio no implicaba su terminación.
Bajo esa premisa, reclamó daños y perjuicios por las ventas posteriores al primer juicio que había hecho Petróleo Brasileiro al mercado paraguayo (en el primer juicio se tomaron en cuenta las ventas hasta junio de 2013; por lo mismo, en el segundo juicio se consideraron las ventas ocurridas desde julio de 2013 y se extendió el cómputo hasta setiembre de 2022, que fue el mes en el que concluyó la pericia practicada), alegando nuevos incumplimientos de la exclusividad. Mientras que la defensa señala que la primera indemnización necesariamente puso fin al contrato en cuestión.
Otro de los puntos cuestionados en el caso es la empresa demandante fue representada al por el abogado Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, quien actualmente es asesor jurídico del Presidente de la República.
Si bien actualmente, Moreno ya no lleva el caso, su estudio jurídico sigue representando a Compasa, con la firma de su hermano, Diego Moreno Rodríguez Alcalá, recientemente nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A esto se suma la celeridad con la que se emitió la sentencia de primera instancia, ya que la sentencia fue dictada en menos de un mes desde el llamado de autos y con un expediente que consta de 169 páginas la Jueza Lizza Reyes Almirón hizo lugar a la segunda demanda.
Actualmente, la sentencia fue apelada y la firma espera que revocada y que se rechace íntegramente la demanda.
La semana pasada la firma Shell también anunció que evalúa su continuidad en el país alegando también inseguridad jurídica y cambios en las reglas de la competencia.
