La utilización de dinero sucio en las campañas políticas es un hecho sobre el cual se ha debatido, aunque sin consecuencias para evitar que la práctica continúe. Mientras el narco y el crimen organizado han infiltrado no solo la práctica política sino también muy probablemente las instituciones del Estado, el sicariato se ha extendido por todo lo largo y ancho del territorio.
Sus acciones en zonas urbanas, avanzando desde el territorio de las fronteras que eran su campo usual de acción, son una prueba de que el crimen organizado viene filtrando en Asunción como en el área Central desde hace años. Se presume el inicio cuando Pablo Jacques, amigo de Jarvis Chimenes Pavão, fue emboscado y acribillado junto a su pareja, además de un niño que junto a su padre fueron víctimas luego de visitar al narco. Según la Fiscalía, el aumento de los casos de sicariato se registró en el 2021, cuando se produjeron 13 muertes violentas a manos de sicarios en Asunción y Central.
Es una situación bastante inquietante para la ciudadanía la sospecha de que en el desarrollo de cualquier tipo de actividad cotidiana puede ser testigo e incluso víctima colateral de un enfrentamiento entre narcotraficantes o la intervención de un sicario.
El asesinato del supuesto narco Ederson Salinas Benítez, también conocido como Ryguasu, en el estacionamiento de un supermercado de la capital traslada el eje del conflicto muy cerca de donde se desenvuelve la mayoría de la población del país. Para el criminólogo Juan Martens, el nuevo escenario se explica pues Asunción es más grande y más anónima que la zona de frontera, y aquí la gente pasa más desapercibida. Además, y esto es sumamente grave, la capital del país ofrece infraestructura logística para los negocios sucios, están el sistema portuario y un bien organizado sistema para el lavado de dinero.
Todas estas condiciones se unen a otro factor que permite el cierre del círculo y se explique lo preocupante de la situación: la fragilidad institucional de las fuerzas de seguridad. De otra forma no se explica que el negocio narco y el crimen organizado se hayan instalado en Asunción, en lujosos edificios y circulen tranquilamente entre nosotros.
Esta señalada fragilidad de las fuerzas de seguridad explica al mismo tiempo la impunidad reinante, basada sobre todo en la complicidad de la clase política, que fue la que le abrió las puertas al dinero sucio para financiar sus campañas y candidaturas, con el pago de favores respectivo marcando de esta manera su influencia en las decisiones políticas. Ese círculo vicioso se completa con delincuentes y sospechados de contactos narcos ocupando curules en el Parlamento Nacional.
El país no se puede permitir seguir tocando fondo. Permitir que continúe la nefasta injerencia del dinero sucio en política va a socavar las instituciones, las que, débiles, no podrán –como ahora– presentar resistencia alguna al accionar del crimen organizado.
El Paraguay se encuentra peligrosamente muy cerca del riesgo de perder el control de su propio territorio ante el avance de la delincuencia; realidad que ya se ha vivido en países vecinos donde se han establecido zonas liberadas para el narco y el crimen organizado. La historia nunca tiene un buen final.
En estos días nos encontramos ante un gran desafío como nación, el de defender no solamente nuestra soberanía y el sistema democrático. No queda otro camino que no sea el de las acciones desde un estado de derecho, autoridades comprometidas y una clase política que solo piense y priorice el bienestar de la ciudadanía por encima de sus propios mezquinos intereses.
