La ex ministra de Defensa María Liz García analizó la situación del refugio a favor de los prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes se encuentran en Finlandia. Consideró que en este caso faltó hacer un seguimiento por parte de los defensores del Estado, que hubo una distracción y que ahora hay que centrar la tarea en buscar levantar ese estatus.
Analiza que en primer lugar se deben distinguir dos momentos. El primero hace referencia al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a la cuestión de fondo; y el otro serían las gestiones legales en materia de derechos humanos que Arrom y Martí estaban ya gestionando para obtener la figura del refugio.
“Es una figura legal que puede darse en distintos países. Ellos hicieron uso legal de esa figura. (Lo que) evidencia esta situación es que no se hizo el seguimiento de este petitorio que ellos ya tenían con anterioridad. Ahí es donde hubo una distracción en esa materia porque se centraron en lo que tenían que defender frente a la Corte Interamericana y quedó lo otro como algo pendiente que era un pedido de ellos, pero lo dejaron dormir”, reflexionó.
Acotó que los prófugos usaron esa figura que les permite moverse de Uruguay. Obtienen el plácet y van a Finlandia donde tendrán que permanecer y naturalizarse.
Sostuvo que el trabajo se debe centrar ahora en levantar el refugio. Apuntó que se puede dar únicamente cuando se demuestra que estas personas representan un peligro para la paz del país donde ellos pertenecen y donde tienen que rendir cuentas ante la Justicia. “El Estado debe procurar demostrar que son personas peligrosas para la paz pública. Deberán hacer las gestiones propias de una defensa”, significó.
El tema abrió un debate académico en el marco del diplomado de Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana de Asunción.
AGROTÓXICOS. García de Arnold comentó que actualmente hay demandas en el sistema universal en materia de derechos de humanos. La mayoría de ellas tienen que ver con temas de medioambiente y agrotóxicos.
Puso énfasis en que los profesionales y funcionarios que están en el ámbito de la defensa del Estado paraguayo deben conocer el alcance de la responsabilidad que deben asumir en el momento en que se presentan denuncias o cuando deben ejercer la defensa.
Sentenció que hay una debilidad de las instituciones que forman parte del Estado. Las mismas deberían actuar con todo el rigor para brindar garantías. La falta de institucionalidad lleva a estas “realidades penosas”.
