A través de un comunicado que fue difundido este lunes, Claudia Aguilera, viuda del ex fiscal Marcelo Pecci, cuestionó las palabras del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que había admitido a los medios de comunicación que hay pocas chances de llegar a identificar a los autores intelectuales del crimen del que fue víctima Pecci en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
“Me es oportuno expresar enérgicamente mi preocupación y consternación ante el reconocimiento público de las casi nulas probabilidades de esclarecer en Paraguay quiénes fueron los mandantes del atentado contra la vida de Marcelo Pecci”, comienza diciendo el pronunciamiento.
La familia del fiscal asesinado, Marcelo Pecci, emitió un comunicado expresando su preocupación ante las declaraciones del fiscal General del Estado.
— Telefuturo (@Telefuturo) March 11, 2024
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Aguilera solicitó “humanidad ante el dolor”, y empatía al fiscal general tras las declaraciones que dio a los medios de comunicación afirmando que “ni Mandrake puede solucionar el tema (del fiscal Marcelo Pecci) con su varita mágica”.
Rolón respondió de esa manera a las fuertes críticas del senador Eduardo Nakayama por la falta de resultados en la investigación del magnicidio.
En el pronunciamiento de la familia Pecci, pide al Ministerio Público y otras instituciones del Estado a no dar por perdida la lucha contra el crimen organizado y lograr esclarecer el crimen.
“Exhorto a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional a reasignar los recursos necesarios para que la Fiscalía y la Policía puedan esclarecer el magnicidio, pues de lo contrario, no solo se emite un mensaje de impunidad para las bandas criminales y terroristas, sino que todos se convierten en cómplices pasivos de estos grupos”, expresó.
Autores materiales ya fueron condenados
Tras el crimen de Marcelo Pecci, asesinado por sicarios cuando se encontraba pasando su luna de miel en la Isla Barú, Cartagena, Colombia, la Policía de ese país detuvo a los miembros de la banda que ejecutó el atentado, los puso a disposición de la justicia y la mayoría de ellos ya fueron condenados con ejemplares penas carcelarias.
Andrés Felipe Pérez Hoyos como Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron sentenciados por la Justicia colombiana a 306,9 meses de prisión (25 años y 6 meses), por haber ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal.
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A 23 años y 6 meses fueron condenados Wendre Still Scott Carrillo, venezolano, el sicario que efectuó el disparo; Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, conductor de los asesinos; Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), ambos cómplices del hecho, ya que se encargaron de hacer el seguimiento.
En febrero de este año fue condenada a 39 años de cárcel Margareth Liseth Chacón Zúñiga, que según los investigadores prestó su vehículo para el transporte de las armas con las que se cometió el crimen y actuó en la coordinación de la logística del atentado.
Por su parte, Francisco Correa Galeano, considerado articulador del crimen, fue beneficiado con la inmunidad parcial por un año solamente para el delito de homicidio agravado, por haber colaborado con la justicia para la detención de los demás sospechosos. Sin embargo, sigue adelante el proceso por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y amenazas.
Orden salió de Paraguay
La hipótesis principal que orienta la investigación del asesinato es que la orden de matar salió de Paraguay. El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó que ambos países trabajan apuntando a sospechosos a nivel local, pero no dio ninguna señal de posibles nombres.
En Colombia se apuntó en primer momento a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, como principal sospechoso de ser el autor moral del atentado. Insfrán está procesado por el caso A Ultranza Py y es sospechado de liderar una estructura dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Francisco Correa Galeano, considerado testigo estrella de la Fiscalía colombiana, mencionó el nombre del ex presidente Horacio Cartes, como uno de los que habría dado la orden de matar al ex fiscal.
A través de su abogado, el ex mandatario se puso a disposición del Ministerio Público mostrando su interés para el esclarecimiento del hecho.