Un cierre de la ruta PY22, a la altura del km 130, marcó el inicio de la serie de medidas que adoptan los habitantes de Itacuá, Itapucumí, Fonciere, Caleria Guyratí, Puerto Max y Peña Hermosa en protesta por el veto de Abdo Benítez a la Ley Nº 4716 que distrita a estas poblaciones ribereñas de San Alfredo.
“El argumento del Ejecutivo es llamativo, ya que el proyecto pasó por las dos cámaras y ahora dice que nuestras comunidades no están en condiciones mínimas en infraestructura”, destacó Graciela Gamarra, concejal municipal y líder de Itacuá.
Explicó que en el nuevo distrito hay 10 grandes empresas, 5 caleras y 5 ganaderas, a más de 9 pequeñas calerías de pobladores locales. Dijo que en Itacuá funcionan todas las instituciones exigidas como Registro Civil, Registro Electoral, Correo, oficina de ANDE, USF, escuela y colegio.
El último censo realizado arrojó una población estimativa de 8.500 habitantes incluyendo a las comunidades nativas. “Necesitamos la distritación, tenemos muchas necesidades, en nuestra comunidad no hay camino, médico ni medicamentos, hace años que sufrimos la marginación”, dijo Andresa Cáceres, líder de la comunidad de Itapucumí.
Estas poblaciones se encuentran muy aisladas por el problema de camino.
