El día en que Osvaldo Zaracho atropelló repetidamente con un automóvil a su ex novia Katia Brítez, el país entero quedó horrorizado. La joven falleció en el hospital y el agresor se expone a una pena de 30 años de cárcel.
El caso de Katia Brítez fue un claro ejemplo de las dimensiones que puede alcanzar el fracaso de los mecanismos de protección del Estado. El agresor tenía arresto domiciliario por una causa de violencia familiar contra la misma joven y, de hecho, que en febrero ya había sido imputado por violencia familiar.
Osvaldo, además de violar su arresto domiciliario, se dedicaba a controlarla obsesivamente a través de las redes sociales. Actuó con un alto grado de crueldad, no fue movido por celos, sino que planificó todo con bastante alevosía. Este agresor se convirtió en feminicida por un convencimiento cultural de que existe un derecho de posesión respecto de las mujeres. La víctima hoy está muerta porque las instituciones del Estado no hicieron su trabajo.
De nada sirve que desde las campañas de prevención se trabaje en convencer a las mujeres de que denuncien los casos de agresión y de violencia, si cuando al final estas logran reunir el valor para denunciar a sus agresores, las mismas instituciones que les instaron a la denuncia las dejan solas y los agresores pueden actuar con total impunidad.
Tras la brutal muerte de Katia, algunas autoridades recordaron las tobilleras electrónicas que dispone de una ley vigente desde 2017, que establece el uso de dispositivos electrónicos: pulseras o tobilleras, pero que hasta hoy no han sido implementadas por falta de interés o de presupuesto.
Las nuevas autoridades han retomado el interés, al parecer, y aseguran que se está llegando a la recta final para la implementación de las tobilleras electrónicas. Es evidente que estos dispositivos no van a traer una mágica e inmediata solución, no obstante no caben dudas de que se podrán evitar muertes y ofrecer mejor protección a las víctimas. Expertos del Brasil recientemente de visita en nuestro país compartieron sus experiencias sobre el uso de las tobilleras y señalaron que tuvo resultados positivos, y que con el debido control hasta salvan vidas. En el Paraguay, se produce un feminicidio cada diez días. Entre los años 2019 y 2022, se registraron un total de 143 muertes violentas de mujeres por razones de género, lo que hace un promedio de 36 casos por año, según datos del Observatorio de la Mujer de Paraguay.
El 2022 cerró con 36 casos y en lo que va de este año ya suman un total de 28 muertes.
Otro dato a tener en cuenta es que el feminicidio en Paraguay es joven y altamente violento, suele ser perpetrado por algún conocido, el 94% de los agresores resultaron ser conocidos de las mujeres asesinadas, en su mayoría parejas o ex parejas, y la mayoría de las víctimas eran madres.
Como sociedad no podemos seguir negando la gravedad de esta problemática. La información y los datos disponibles coinciden en que las instituciones deben hacer mejores esfuerzos. Una encuesta del INE reveló que el 78,5 % de las mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia, al menos, una vez a lo largo de su vida, y además, la violencia familiar fue el segundo hecho punible más denunciado ante el Ministerio Público, en el 2022.
Ante la emergencia urge un mayor esfuerzo del Estado y de la sociedad para apuntalar a la edificación de una sociedad libre de violencia donde ya no sea justificada, tolerada ni perpetrada en ninguna forma. Debemos asumir el desafío de construir una sociedad respetuosa con todos sus miembros, reconociendo para todos derechos, igualdades y dignidades. La cultura machista violenta solo se combate con valores democráticos.
