Julio Fernández , titular de la Dirección Nacional de Aduanas , compareció ante la comisión especial de seguimiento al combate del contrabando de productos industriales y frutihortícolas y vinculó al senador Martín Arévalo en un mecanismo de tráfico de celulares provenientes de EEUU.
El alto funcionario habló del contrabando de celulares de EEUU que, según un informe del país norteamericano, desde el 2014 al 2018 fueron importados por valor de USD. 3.946 millones solamente celulares al Paraguay.
“De esos USD 4.000 millones USD 2.384 millones entraron como contrabando, es decir 60% que queda a manos de personas, no de un tango como se suele hablar en corrupción, de que se baila entre dos, esto es una coreografía. Estamos hablando de importadores, estamos hablando de funcionarios de aduanas y portuarios, y obviamente siempre hay un padrino detrás de este tipo de negocios ", contextualizó.
Dijo que en el 2018 de cada 100 USD que ingresaba por vuelos el 75% era de contrabando, pero que dentro de su administración se endurecieron lo controles de setiembre a diciembre con lo que se redujo al 17% y que para el 2019 eso bajó a 2,4%, en contrabando ingresados por vuelos.
Fernández mencionó que mediante la firma de un convenio con EEUU se logró formalizar el sector por lo que esperaban que el contrabando busque otras formas de ingresar ya sea por Iquique, como por puertos.
Vínculo de senador
En este escenario, el director relató que apareció el senador Martín Arévalo pidiendo asignar a Miguel Medina como administrador de Terport, San Antonio, quien se desempeñaba como jefe de Divisiones en el puerto de Encarnación por donde había ingresado una carga clonada por valor de USD 300.000 .
Afirmó que ante la negativa de pasar al jefe de Divisiones a Administrador, el senador supuestamente le había solicitado que el funcionario sea designado como administrado de Algesa en Ciudad del Este.
Según el director, esta insistencia llamó la atención atendiendo a que estos dos puertos son entradas claves dentro del caso de la carga denunciada como retenida ilegalmente.
“La denuncia contra Martín Arévalo por tráfico de influencia para nombramiento de funcionarios en lugares estratégicos y la denuncia por abogacía por la carga de contrabando de la empresa GECU-OVF-CHAMS son dos caras de la misma moneda”, denunció.
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Al respecto explicado que la empresa GECU SA, que es la empresa que figura como la que compró la carga original y el contenedor clonado. Uno pertenece a OVF, propiedad de Gregorio Cubilla y el otro pertenece a GECU también del mismo importador que cuenta con orden de captura.
Julio Fernández relató que los documentos encontrados en la carga clonada tenían la firma del funcionario Miguel Ángel Medina Prieto.
Seguidamente, señaló que en la mira aparece la terminal de carga Algesa, ya que al peritar al contenedor clonado fue encontrado el número real del contenedor, donde nuevamente aparece la empresa OVF como la que usó el contenedor por última vez y luego aparecerá adulterado.
“Ese número verdadero pertenece a un contenedor que dejó de funcionar en junio del 2019, para qué hicieron eso: para usar y cambiar de mercaderías. Medina como administrador, donde se encuentra aseguró un ‘mecanismo’”, dijo.
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De acuerdo con el informe brindado a los senadores, en los despachos de las firmas de Gregorio Cubilla se registran que intervino 282 veces el funcionario Miguel Medina y 233 veces el funcionario Luis Pereira, el segundo funcionario que Arévalo pedía ser asignado.
"¿Quien es Luis Pereira, Luis Pereira es una persona por la que abogó Martín Arévalo para que sea asignado como administrador del Silvio Pettirossi, donde se manejan los ingresos de electrónica. Si ustedes se fijan en los archivos van a ver que Luis Pereira salió esposado de ese aeropuerto justamente por delitos ", recalcó.
Fernández indicó que ante la negativa de asignar a funcionarios funcionarios, el legislador siguió insistiendo a los asesores de la Dirección. “Esto es asociación criminal, es tráfico de influencia, es pretender controlar una oficina”, sostuvo al tiempo de mencionar que el político colorado estuvo abogando por funcionarios estratégicos.
Agregó que Gregorio Cubilla propietario de GECU SA y OVF SA es también propietario de otras cinco firmas y que el ciudadano árabe Ahmad Khalil Chams no opera desde el 2011 como importador, pero se declara financista de la carga importada por Gregorio Cubilla.
Ante la identificación de los responsables del esquema de supuesto solicitado que el fiscal Julio Paredes, tome acciones en el caso y no tenga miedo de capturar a los mismos. Finalmente, alegó que este tipo de esquemas funcionan con el padrinazgo político, y que en este tipo de hechos solo hay 2% de coincidencias, además de que todas las pruebas presentadas ante el Ministerio Público pueden ser peritadas.
Arévalo no recuerda enviar mensajes pidiendo asignaciones
Por su parte, el senador colorado Martín Arévalo, en su momento de comparecer dijo no recordar si envió los mensajes enviados como prueba en su contra por tráfico de influencia.
“Desde el primer momento yo dije que tenía varios mensajes en el celular que se encuentran, yo no me acuerdo que le haya enviado esos mensajes por eso yo dije: ‘si le conozco a estos dos dirigentes colorados’, entonces lo que yo tengo en mi celular es exactamente de lo que puedo hablar, entonces no puedo aceptar algo que no es mío ", respondió a la pregunta de si efectivamente solicitó la asignación de los funcionarios.
Dijo que en las capturas de pantallas aparecen los mensajes como reenviados y que podrían no ser suyos. “Si él tiene ese mensaje tiene que demostrar quien lo envió porque yo no la tengo”, expresó.
Aseguró que, según la versión del director Fernández, varios diputados y senadores hacen pedidos de traslado y que eso no es ilegal.
“Entonces de qué estamos hablando, vamos a cerrar la Cámara de Senadores y la de Diputados por pedir un traslado o un cambio. No es ilegal eso, lo que es ilegal es cuando se pide y se cobra o algo por el estilo. Esa denuncia es falsa de toda falsedad ", refutó al momento de adelantar que entablará una demanda por falsa denuncia en contra del director de la Aduanas.
