“Dada la mora (que se tenía en el cumplimiento de compromisos con las contratistas) esto generó unos cuantos intereses, que es lo que están reclamando en este momento. Personalmente yo no desconozco esos intereses, pero sí como soy responsable de velar por los intereses del Gobierno, lo que nosotros estuvimos recabando son datos con respecto a los atrasos; y específicamente nos llamó mucho la atención el monto de intereses en porcentaje que ellos están reclamando”, manifestó.
Indicó que el cálculo hecho por el compromiso se basa en una tasa de 24% anual, mientras que el Gobierno coloca bonos a una tasa del 7%. “A mí me corresponde defender los intereses del Estado y empezar a analizar la validez de una cláusula firmada unilateralmente por quien sea en el Ministerio de Obras Públicas, pero que establece una tasa de interés muy por fuera de lo que es el mercado”, refirió.
¿ilegal? El titular del MEF prefirió evitar el término ilegalidad para referirse a la situación, pero sí habló de la búsqueda de “prolijidad” para asegurarse de que el monto a ser desembolsado por el Estado es el correcto y responde a fundamentos sólidos. “Podemos estar de acuerdo de que es imposible que el Estado se pueda estar endeudando a una tasa de interés de 24% anual, nosotros estamos debatiendo ese punto para ver si llegamos a un consenso y vamos a seguir en eso (...) no podemos volver un negocio de construcción en un negocio financiero”, argumentó Fernández.
El grueso del pasivo, que era aproximadamente USD 335 millones, fue pagado a principios de este año con la emisión de bonos soberanos, pero quedaron pendientes los intereses. Las empresas constructoras, días atrás, emitieron un comunicado en este medio para advertir de la falta de pagos. El titular de la Capaco también aseguró que las contratistas están dispuestas a llegar a las instancias judiciales en caso de ser necesario, en entrevista con Monumental.