Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, Fernández relevó a Mauricio Macri del deber de confidencialidad a petición del juez Martín Bava, quien investiga maniobras de presunto espionaje a los familiares de la tripulación de submarino ARA San Juan, de la Armada argentina, que se hundió en 2017.
Macri debía prestar este jueves declaración indagatoria por esta causa, pero la audiencia se truncó porque el ex gobernante no había sido relevado de la obligación de guardar secreto en asuntos de inteligencia.
En el decreto que lleva la firma de Fernández se señala que el juez requirió esta medida al Ejecutivo según “lo solicitado por la defensa del imputado” en la audiencia de este jueves, “la que debió suspenderse durante el curso de la misma con el fin de evitar futuros planteos nulificantes”.
“La solicitud de la defensa del imputado que imposibilitó que prestara declaración indagatoria (...) hace presumir que el nombrado requiere, para ejercer debidamente su defensa, aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal”, indica el decreto.
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De la resolución publicada este viernes se desprende que para el Gobierno de Fernández no sería necesario relevar a Macri de guardar secreto ya que en la causa se investiga “la posible comisión de delitos vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley y no a actividades o información que resulte necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la nación”.
Con todo, el decreto señala que, “sin perjuicio de ello”, estando imputado Macri “de un delito de acción pública y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio” de su derecho de defensa, “corresponde relevar al imputado del deber de secreto y confidencialidad que establece la normativa vigente”.
Según el primer auto de citación a declarar, emitido el 1 de octubre, a Macri se le imputa haber presuntamente ordenado y posibilitado, desde su cargo de presidente, la realización “sistemática” de tareas ilegales de inteligencia entre diciembre de 2017 y finales de 2018.
El presunto espionaje apuntaba, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.
Esas acciones, según la resolución judicial de citación a indagatoria, “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos” que realizaban los familiares por el hundimiento del submarino, pero también apuntaban a “conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno”.
Macri ha negado en diversas declaraciones públicas haber realizado u ordenado tareas de espionaje ilegales y vincula la causa con una supuesta persecución política en su contra.
