La investigación estará a cargo del agente fiscal del Ministerio Público Carlomagno Alvarenga, de la Unidad Fiscal de Concepción, quien deberá indagar sobre denuncias puntuales formuladas en contra del jefe comunal por parte de ocho concejales municipales.
El cuestionado intendente es hermano del ex diputado y actual gobernador del Departamento de Alto Paraguay, José Domingo Adorno, quién también fue denunciado en el mes de junio por los hechos punibles de lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, y malversación de fondos públicos.
Resolución. La resolución FGE Nº 5.519, que dispone la apertura de la causa penal y asigna al fiscal Alvarenga, tiene fecha del 19 de diciembre de 2022.
La decisión de dar curso a una investigación por parte de la fiscalía es a raíz de denuncias formuladas por los concejales municipales, Claudio Martínez, Emilce Graciela Díaz, María Laura Díaz, Saturnino Ferreira, Virgilio Chamorro, Ángela Domínguez, Feliciano Cantero y Domingo Vera.
La acusación contra Adorno es por supuesta comisión de hechos punibles de estafa y lesión de confianza, y fue presentada el pasado 6 de diciembre.
Según lo resuelto por la Fiscalía General, por la naturaleza de los hechos denunciados, podrían resultar punibles y amerita la apertura de una causa penal.
En este sentido, el Ministerio Público es el organismo encargado de impulsar la investigación, dirigir la acción penal pública, y a dicho efectos, arbitrará todo los medios necesarios para reunir los elementos de convicción, preparar la acusación y participar en el procedimiento, según menciona la nota.
Esta situación se da prácticamente a un año de que Adorno haya asumido el cargo al frente del Municipio del distrito de Puerto Casado, que aparentemente de los 12 concejales 8 están en contra de sus gestión, y en este lapso de tiempo, con la denuncia realizada por los ediles, pone en riesgo su mandato.
En contra del intendente citado, también fueron formuladas otras denuncias en la Cámara de Diputados, así como un pedido de intervención que fue remitido al Ministerio del Interior.
Además, tiene un pedido de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre lesión de confianza y por presunta estafa, donde, según los ediles, existen comprobantes de cheques sin fondos emitidos por pago a proveedores que son sumas millonarias y que afectan a comerciantes de la localidad de Puerto Casado.
