La reforma agraria propició nuevamente un cruce de acusaciones entre los legisladores de la oposición.
El senador por el Partido Patria Querida (PPQ) Fidel Zavala criticó a los grupos políticos que lo señalan como defensor de los intereses de los ganaderos y expresó su molestia por las publicaciones que sindican a su familia como dueña de tierras malhabidas.
El legislador desafió a sus colegas a que se impulse una verdadera reforma agraria y se devuelvan todas las tierras obtenidas de forma ilegal. A su vez, cuestionó el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia.
“Vamos a ver en qué contexto, cómo se hizo el análisis de la famosa Comisión de Verdad y Justicia, a ver si interpretaron a su antojo o efectivamente miraron el estatuto agrario viejo que se cambia en el año 2002”, dijo.
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Las expresiones de Zavala causaron el enojo de la legisladora por el Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Massi, quien lamentó que se cuestione el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia y sus investigaciones sobre las violaciones de derechos durante la Dictadura.
Masi aseguró que Zavala es un representante más de los sectores empresariales en el Congreso. Cuestionó que su colega cuestione un documento oficial sobre las “atrocidades cometidas en la dictadura”.
La presión de los gremios económicos y la problemática de la tierra se instalaron en el Senado luego de que se refloten las cifras sobre las tierras entregadas de forma ilegal durante la dictadura de Stroessner.
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Una auditoría del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) señaló que 115 hectáreas del Parque Nacional Ybycuí, cuyas áreas deben estar protegidas, son ocupadas por 18 propietarios, entre ellos el senador patriaqueridista Fidel Zavala.
Informe de la Comisión Verdad y Justicia
En el año 2008, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), organismo creado por Ley 225/03 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, presentó su informe final, el cual, en su capítulo cuarto, contiene un estudio realizado que detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que se adjudicaron ilegalmente durante el stronismo y el post-stronismo.
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El estudio abarcó adjudicaciones realizadas por los diversos entes responsables de las tierras públicas entre 1954 y el año 2003, y concluyó que el 32,7% de las tierras arables del país fueron entregadas irregularmente a personas no sujetas de la reforma agraria.
La extensa lista de beneficiarios ilegales incluye a políticos, militares, narcos, seccionales coloradas y hasta a actuales autoridades nacionales. Los pocos esfuerzos de recuperación impulsados no han tenido ningún tipo de éxito en estos años.
