El 21 de abril de este año, a las 09:30, deberán enfrentarse ambos ante el juez, quien debe decidir si el caso se eleva o no a juicio oral.
El caso estaba parado en la Sala Constitucional de la Corte, que tras la publicación de ÚH remitió a los juzgados los expedientes de Díaz Verón y su esposa.
El juez Julián López, quien lleva el caso, había rechazado el pedido de acumular las causas de la pareja, ya que el ex fiscal general está acusado por enriquecimiento, y su esposa, por lavado. El rechazo había sido apelado por la fiscala Natalia Silva y ratificado nuevamente.
Sin embargo, la Fiscalía también había hecho el mismo pedido al juez Agustín Delmás, quien sí admitió el pedido, siendo apelado después. Luego fue nuevamente ratificado. Así quedó como un conflicto.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAhora, sin embargo, fue resuelto y ambos deberán enfrentarse en una sola audiencia ante el juez Julián López.
El fiscal Osmar Legal había acusado en agosto del 2019 a Javier Díaz Verón, ya que, según la Fiscalía, en los años 2014, 2015 y 2016, el ex fiscal tuvo un saldo negativo por G. 1.147.058.591.
Ese monto representaría ingresos que no provendrían de fuentes legítimas.
Por otra parte, también fue acusada María Selva Morínigo, ya que ella no pudo justificar el origen de unos G. 991.548.265.
De acuerdo con el Ministerio Público, los montos que figuran en la declaración jurada de Díaz Verón son por concepto de salario, por el ejercicio de la docencia, por la venta de ganado y, en algunas ocasiones, por préstamos otorgados.
El fiscal Legal había dicho que “los hechos atribuidos al señor Díaz Verón, en su calidad de funcionario público, consistente en la adquisición de inmuebles, ganados, rodados e inversiones en empresas, así también de la cancelación de deudas personales como de pagos a firmas ha sobrepasado sus legítimas posibilidades económicas y la de su cónyuge”.
Los hechos concretos que son atribuidos al ex fiscal parten del año 2008 hasta el 2017. Sin embargo, desde el año 2010 se concluyó que existió un déficit de G. 277.362.657. Según la Fiscalía, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría se observó un patrimonio incrementando e inconsistencias.
En cuanto a Morínigo, ella habría aportado y constituido empresas que aparentemente serían fantasmas. Una de ellas, Canto Rodado SA, se creó a nombre de los hijos del matrimonio.
Otras empresa, Salty River SA, no existe físicamente, ya que solo un baldío encontró la Fiscalía cuando fue a verificar.