Ninguna persona que se considere demócrata cuestiona el valor fundamental de la transparencia, en los ámbitos privado y público por igual. La operación que ha iniciado la Comisión Bicameral de Investigación de Casos de Lavado de Activos, sin embargo, al filtrar selectivamente datos sobre miembros de la sociedad civil y periodistas, está lejos de la búsqueda de transparencia. Se ve, por el contrario, como una amenaza a las libertades; y es un peligroso retorno a los tiempos del autoritarismo, que el Paraguay ya había derrotado.
Tener un gran poder significa al mismo tiempo asumir una gran responsabilidad. Esta es, lamentablemente, una máxima que los parlamentarios que son miembros de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Casos de Lavado de Activos no han logrado cuidar, y sus acciones están teniendo funestas consecuencias.
Esto se deduce después de observar la manera en que han sido filtrados datos privados de las organizaciones que presentaron sus informes por pedido de la Comisión Bicameral. Posteriormente, estos aparecieron publicados en redes sociales, siendo de esta manera utilizados para atacar a miembros de la sociedad civil y periodistas.
Resulta sumamente grave que parte de la documentación que fue entregada a dicha Comisión Bicameral cayera en manos ajenas a la institución, como se ha hecho patente al ser estas divulgadas a través de las diversas redes sociales, de manera absolutamente irresponsable.
Es asimismo peligroso que una comisión de esta naturaleza mantenga sus reuniones de forma reservada, rompiendo el principio de la transparencia, y que al poco tiempo de disponer informaciones sobre organizaciones civiles, estas estén siendo utilizadas para difamar y construir falsos relatos.
Precisamente se había advertido sobre el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, como un retroceso democrático. Paraguay debe seguir honrando los tratados internacionales de derechos humanos de los que es Estado Parte, aquellos que dictan que se debe defender y garantizar que se respeta el derecho a la libertad de asociación, un derecho que por cierto está garantizado por nuestra Constitución. Las restricciones al trabajo de la sociedad civil, o aumentar injustificada y arbitrariamente el control sobre sus operaciones, así como la imposición de sanciones, van en contra de la obligación del Estado paraguayo de respetar el derecho a defender los derechos.
La comisión, también conocida con el triste nombre de comisión garrote, recientemente había solicitado informes al estudio jurídico Colab Abogados, el que contestó al pedido con una nota en la que criticaron a la comisión, señalaron inconsistencias legales y cuestionaron incluso la idoneidad y capacidad de los miembros de la CBI. “Abrazando conductas jacobinas, inspirándose en el mismo Torquemada, circularon notas a diferentes organizaciones pidiendo rendiciones de cuenta bajo una denominación rimbombante, pero peculiar”, decía un párrafo del documento presentado por el estudio jurídico.
También el Sindicato de Periodistas del Paraguay tuvo un pronunciamiento al respecto, al denunciar el hecho como un ataque que no solamente socava la integridad y privacidad de los profesionales de la información, sino que además puede verse como una verdadera amenaza a los principios democráticos.
El uso de datos privados por parte de autoridades para descalificar y amedrentar es un atentado a la libertad de expresión, sostiene el SPP.
Hoy más que nunca, el Paraguay debe recordar los días oscuros de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando se gobernaba con estado de sitio permanente, se detenía a las personas en forma arbitraria, se prohibían reuniones y manifestaciones públicas justificando todo con leyes como la 209 que aniquilaba las libertades.
Asimismo, se debe advertir que el país está viviendo un proceso de acelerado deterioro en su institucionalidad democrática. Imponer la uniformidad de ideas y opiniones no es democracia ni compatible con un Estado de derecho. No se puede permitir el retorno del autoritarismo.
