La investigación interinstitucional que lleva adelante el Gobierno nacional a las empresas de transporte público de Asunción y el área metropolitana avanza y los indicios de evasión se van consolidando.
Una veintena de compañías están bajo la lupa de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y del Viceministerio del Transporte por inconsistencias entre los montos consignados en sus declaraciones juradas al Fisco y los ingresos que realmente obtuvieron estas firmas. Para esto, los fiscalizadores analizan el monto percibido como subsidio y la diferencia con la tarifa técnica que es abonada por el pasajero.
Esta maniobra, conocida como subdeclaración, es aplicada por los transportistas para defraudar al Fisco, ya que al declarar menos ingresos se disminuía en los papeles la ganancia real; por ende, el pago de tributos era menor. La pesquisa gira en torno al impuesto a la renta empresarial (IRE).
En ese sentido, en la víspera se filtró el listado de las empresas que habrían evadido al Estado. Entre ellas se encuentran las permisionarias más grandes y con los mejores itinerarios en la capital del país y las ciudades aledañas como Transporte y Turismo Lambaré, que explota las líneas 23, 24 y 33; Automotores Guaraní, líneas 15 y 47; General Aquino SRL, Línea 28; y San Lorenzo CISA, Línea 27.
Además, figuran Magno SA, administradora de las líneas 12 y 43; Ximex SA, Línea 44; y Capiatá SRL, líneas 53 y 58 (ver la infografía).
Avance. Los reportes preliminares indican que, de las 20 empresas investigadas por evasión de impuestos, 1 sigue con el RUC (número de identificación único del contribuyente) bloqueado, por ningunear la intimación hecha hace un par de semanas. En principio habían sido 5.
Asimismo, otras 9 pidieron una prórroga para responder el emplazamiento, la cual fenece este fin de mes; y los 10 restantes ya han presentado nuevos documentos en busca de justificar sus subdeclaraciones.
Si bien no hay aún información oficial sobre el monto que se habría evadido debido al secreto legal de las actuaciones, según se supo la semana pasada, en un solo caso, hay una diferencia de G. 4.000 millones entre lo declarado y lo recibido en concepto de subsidio, a lo que hay que sumar los montos que abonan los pasajeros.
Si se confirma la evasión tributaria, las empresas en infracción se exponen a multas que van desde el 100% hasta el 300% del monto no abonado. Si además se encuentran facturas falsas entre los egresos u otro supuesto hecho punible, el caso podría ser derivado a la Fiscalía.
Por si esto fuera poco, el Fisco halló indicios de dos quiebras que serían fraudulentas. Las sospechas se basan en que esta maniobra se utilizó para liquidar las empresas, y así no pagar impuestos. Pero además se usó para no honrar deudas con el sistema financiero y cumplir con obligaciones laborales.
Esta investigación se da en medio de una fuerte crisis en el transporte público. A las crecientes e impopulares reguladas se sumó la detección de validaciones sospechosas que se habrían realizado para percibir más subsidio. Se habla de unas 486.000 transacciones que ya están siendo investigadas por la Fiscalía.
Este hecho le costó el cargo a Víctor Sánchez como viceministro de Transporte. En su reemplazo asumió Óscar Stark.
