A partir de allí, la materialización depende críticamente de la disponibilidad de financiamiento. Así, ceteris paribus, políticas públicas que incrementen el ahorro y desarrollen mecanismos adecuados para su canalización efectiva a financiar proyectos son de alto impacto para acelerar el crecimiento y generar oportunidades para la gente.
Nuestro país viene avanzando en este sentido. El prolongado periodo de estabilidad macroeconómica ha incrementado la confianza en la economía. Además, gracias a las reformas financieras de los años 2000, la intermediación financiera se ha duplicado y hoy los depósitos en el sistema financiero representan alrededor del 40% del PIB. Sin embargo, es necesario avanzar en reformas complementarias para aumentar el ahorro interno, incrementar la captación del ahorro externo y crear mecanismos confiables y transparentes para su canalización al financiamiento de proyectos.
La creación de la AFD, en el 2005, fue un paso muy importante y contribuyó positivamente captando fondos del exterior para ampliar los plazos de financiamiento de proyectos a empresas locales hasta 15 años, y al crear el crédito hipotecario para la vivienda de clase media a plazos de hasta 30 años con cuotas asequibles y estables; todo canalizado a través del sistema financiero. Esto contribuyó, además, a que las entidades financieras desarrollen capacidades y una importante experiencia acumulada para evaluar y financiar proyectos y otorgar crédito hipotecario. En adelante, la AFD puede seguir cumpliendo un rol muy importante en captar y canalizar fondos en condiciones adecuadas para financiar inversiones en reforestación, energías renovables e infraestructura a través de APP. Asimismo, se debe aumentar su capital para sostener y ampliar el programa Mi Primera Vivienda, orientado a la clase media trabajadora, considerando además su impacto ampliado por la cadena de insumos y empleo requeridos. Un uso muy justificado para la renta energética que se está generando en Itaipú sería capitalizar con ella a la AFD.
Sin embargo, el gran desafío es acelerar el desarrollo del mercado de capitales para que sea un mecanismo cada vez más confiable y eficiente para inversionistas locales y extranjeros a través de la ampliación de instrumentos, emisores y una masa crítica de inversionistas institucionales que otorguen mayor profundidad al mercado. En este sentido, la creación de la Superintendencia de Valores y su incorporación al BCP, aumentará su capacidad técnica de regular y controlar y le permitirá tener acceso oportuno a información relevante y contar con el respaldo de la credibilidad institucional del BCP; todo esto, redundará en una creciente confianza en el mercado de valores. La segunda pata es una adecuada regulación de inversión de los fondos de jubilaciones administrados por las Cajas para canalizar parte de estos a través del mercado de capitales, y la creación de la Superintendencia de Jubilaciones para controlar y supervisar la gestión de las Cajas, dentro de la estructura del BCP, por las mismas razones esgrimidas en el caso de la Superintendencia de Valores. Además, la posibilidad de crear administradoras privadas de jubilaciones de cotización voluntaria permitirá ampliar la cobertura del sistema a sectores independientes, incrementar el ahorro interno de largo plazo y ampliar la base de inversionistas institucionales.
Estas reformas bien implementadas generarán confianza y tendrán un impacto positivo en el desarrollo del país en las próximas décadas a través de una mayor disponibilidad de capital y de financiamiento a largo plazo tanto por la mejor canalización del ahorro interno como por la creciente incorporación de inversionistas extranjeros al mercado local de capitales, complementando y potenciando el trabajo de intermediación y bancarización que viene desarrollando de manera efectiva el sistema financiero en las últimas décadas.
