Piñánez solicitó a la Superintendencia de Bancos datos bancarios sobre el funcionario judicial Ramírez.
“Requerimos la información bancaria del implicado al igual que información sobre el cruce de llamadas para poder determinar si cobra verosimilitud con base en lo mencionado por el denunciante”, explicó.
La Procuraduría General apoyó el fallo de la Corte, a su favor, en el caso donde se dio la supuesta coima.