El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción al gobernador suspendido de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al que fuera su secretario de Seguridad, Anderson Torres, un fiel aliado de Bolsonaro.
Rocha justificó su demanda “en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido” en la capital brasileña el pasado 8 de enero, “que provocó innumerables perjuicios al erario federal”.
El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre la tentativa de golpe perpetrada por el bolsonarismo radical y el ex mandatario ultraderechista.
El domingo pasado, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas hasta que fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.
Unas 1.500 personas fueron detenidas entre el domingo y el lunes.
En paralelo, la Corte Suprema apartó de su cargo por 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por su supuesta “omisión” a la hora de neutralizar la horda de radicales bolsonaristas que generó el caos en el corazón de la democracia brasileña.
El presidente Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha acusado directamente a Bolsonaro de “estimular” a sus seguidores a atentar contra las instituciones. Por su parte, el capitán retirado del Ejército se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre.
Algunos parlamentarios ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos “terroristas” y “golpistas” vividos en Brasilia.
El ex jefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia del Covid-19, entre otras.
