Durante la primera audiencia para revisar la condena que pesa sobre Fernández, que ella apeló, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, pidió agregar una pena como jefa de una asociación ilícita en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante el gobierno de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y los dos suyos, por lo que la pena podría aumentar hasta 12 años de prisión.
El Tribunal Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Cristina Fernández a 6 años de prisión y a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta de fondos públicos, pero la había absuelto en los cargos por presunta asociación ilícita. Para Villar, la pena de primera instancia “no refleja la gravedad del hecho, no es conforme al principio de culpabilidad e incentiva a los funcionarios a cometer delitos”.
CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. En esta causa denominada Vialidad, se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Kirchner y Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Fernández, de 70 años, perdió sus fueros el pasado 10 de diciembre, con su salida del Ejecutivo de Alberto Fernández (2019-2023), y solo puede ser detenida si la Cámara de Casación Penal y luego la Corte Suprema ratifican las condenas. No obstante, por su edad, podría sufrir detención domiciliaria. EFE