Tras la extinción de la causa por estafa conocida como caseros de oro del diputado colorado Tomás Rivas, el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, presentó un recurso de apelación este martes contra el dictamen del Tribunal de Sentencia.
“El Ministerio Público se encuentra agraviado puesto que a través del Auto Interlocutorio recurrido, el Tribunal resolvió en mayoría declarar la extinción de la Acción Penal Pública y sobreseer definitivamente al acusado Tomás Fidelino Rivas Benítez, en abierta inobservancia a la ley, evitando el normal desenvolvimiento de un juicio oral y público en el cual dicha institución requirente contaba con pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado”, sentencia el fiscal en el documento.
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Asimismo, indica que el Auto Interlocutorio 910 del Tribunal fue notificado el reciente 21 de diciembre al Ministerio Público y que de acuerdo con el artículo 462 del Código Procesal Penal se cumple con el requisito de recurrir dentro de los cinco días hábiles.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppFinalmente, asevera que los magistrados deben hacer lugar al pedido, porque la representación fiscal “considera que en la presente causa se dan los presupuestos para la viabilidad del recurso de apelación general” y, a su criterio, el Tribunal en su mayoría aplicó “erróneamente” un precepto legal y dictó una resolución “arbitraria, infundada y contradictoria”.
El Tribunal está integrado por los jueces Héctor Luis Capurro Radice, como presidente, y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Cándida María Fleitas González, siendo esta última quien votó como disidente para el sobreseimiento de Rivas.
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Apenas se dio el fallo el pasado 15 de diciembre, Piñánez había manifestado su indignación por la decisión del Tribunal y sostuvo que con ello se estaba violando la ley.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los caseros recibían salarios de la Cámara de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del diputado Tomás Rivas, quien fue procesado a raíz de las publicaciones del diario Última Hora, en el año 2017, que corroboraron que los supuestos funcionarios de Rivas en el Congreso Nacional no prestaban servicio alguno en la sede legislativa.
