La fiscala Norma Salinas afirmó que este martes “es un día decisivo” para el proceso que comenzó tras el millonario desvío de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a familiares de dos trabajadores.
“Yo ya tengo todas las documentales necesarias y con testimonios contundentes. Para nosotros hoy es un día decisivo para el proceso”, expresó e indicó que los cheques se retiran con un poder que no tiene validez.
Todo esto se da tras el fallecimiento de dos trabajadores, que perdieron la vida debido a un cable suelto de la red de la ANDE en Caaguazú y la empresa estatal otorgó un resarcimiento económico de G. 400 millones para cada una de las partes afectadas.
Sin embargo, hubo un cobro irregular de la indemnización y las familias solo recibieron G. 75 millones en total.
¿Cómo operó la funcionaria del Congreso?
En todo el esquema aparece Anadelia Acosta Armoa, una funcionaria del Congreso Nacional y comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales.
En ese sentido, Salinas detalló que Anadelia es vecina de Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de uno de los fallecidos. La mujer se acercó a la madre y se ofreció a gestionar todos los trámites para cobrar la indemnización.
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“Ella es una vecina que se acerca a la señora y le dice que ella va a hacer los trámites y le hace firmar el poder sin lectura, sin decirle nada sobre el contenido y con eso ella realiza los trámites para lograr la indemnización”, puntualizó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
🔴 Vergonzoso engaño a dos familias en Caaguazú
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 8, 2024
👉🏼 Según la Fiscalía, Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso Nacional, comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, se apropió de G. 725 millones en concepto de indemnización que debían recibir dos familias víctimas… pic.twitter.com/lZWiOWA2VT
Casco de Ramírez, de 77 años, no sabe leer ni escribir y también está muy afectada en su salud, contó la agente fiscal.
Para la fiscala hubo una apropiación ya que de los G. 400 millones, le dijo a la madre del fallecido que solo consiguió G. 40 millones. De ese total, Acosta Armoa le vuelve a solicitar G. 10 millones por cobro de honorarios y su vecina se quedó con apenas G. 30 millones.
“Allí hay una declaración falsa que es un componente de un tipo penal”, manifestó y afirmó que el Banco Nacional de Fomento todavía no remitió el circuito cerrado ni el reverso de los cheques.
La funcionaria con ese poder estaba facultada a realizar el retiro del cheque, efectivizar y rendir cuentas, pero el documento no tenía ninguna validez ya que no estaba inscripto en el Registro Público.
Las dos familias afectadas ya comparecieron ante el Ministerio Público y ambas denunciaron que en ningún momento le hicieron saber el contenido de las actas notariales.
Finalmente, una tercera persona fue la que notó ciertas irregularidades en el monto del cobro, dijo Salinas.
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Por otra parte, a criterio de la fiscala hubo mucha negligencia en la entrega de los cheques que contenían un monto muy importante de dinero.
“Con el correr de la investigación va a tener que determinarse quienes entregaron esos cheques”, siguió mencionando. Igualmente, sostuvo que la línea de investigación es muy amplia y afecta a varias instituciones.
“La línea de investigación es muy amplia, afecta a varias instituciones y hay que solicitar todo lo que corresponda saberse, todo se tiene que saber”, refirió.
¿Quién cobró los cheques?
Con las cámaras y el reverso del cheque logrará determinar al autor, porque los cómplices ya están siendo identificados.
Entre los hechos punibles cometidos, citó apropiación, estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles “que se reserva todavía”.
El monto del resarcimiento era de G. 800 millones para cada familia, divididos en dos cheques intransferibles de G. 400 millones.
Indemnización de la ANDE
La ANDE condescendió este dinero por los fallecimientos de Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43 años, quienes sufrieron una descarga eléctrica al caerles encima un cable de baja tensión.
El accidente laboral se registró el pasado mes de agosto, cuando realizaban trabajos de alambrado en un inmueble rural del barrio Santa Librada, ex Jaguakai, distrito de Caaguazú.
De acuerdo con la investigación, ocho personas estarían detrás del esquema, entre ellas Armoa Acosta, el director y un cajero de la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Repatriación, Caaguazú, donde se hicieron los desembolsos irregulares.
Las víctimas son Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino, quien recibió G. 30 millones; y Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio, a quien se le entregaron G. 45 millones.
