La imputación por presunta incitación a cometer hechos punibles fue presentada por la agente fiscal de Lambaré, Laura Romero, ante la jueza de Garantías, Isabel Bracho, quien fijó para la semana pasada la audiencia de imposición de medidas, pero fue suspendida a pedido fiscal.
Los procesados en la causa son Mirna Alfonzo de Benítez, Julio César Gavilán Barreto, Rodrigo Andrés Piatti Morínigo, Marcos Arévalos Delgado y Julio Janilson de Almeida Argüello.
Dice la fiscala que “en fechas 14 y 20 de diciembre del año 2021, los hoy imputados junto con otras personas se habrían constituido en la avenida Cacique Lambaré y Testanova, del barrio Valle Apu’a de la ciudad de Lambaré, lugar donde está ubicado el local comercial denominado Auto Fácil, a los efectos de protestar contra los propietarios del lugar” (sic).
Añade: “Que, en estas ocasiones supuestamente los hoy imputados habían estado incitándose entre sí y a otras personas a cometer hechos punibles antijurídicos como lanzar amenazas de todo tipo para amedrentar a los empleados y personas que acuden al sitio, causar daños en el comercio incluso llegar a quemar con combustible el lugar” (sic).
“Que, estas acciones se habrían vuelto muy reiterativas y existiría el peligro de que en cualquier momento se vuelvan a repetir porque la incitación que realizarían los imputados seguiría de manera constante por las redes sociales”, alega la fiscala.
Afirma que se hallan ante hechos punibles de acción penal pública y los imputa como autores, por lo que solicita seis meses para investigar la causa. El pedido fue presentado el 17 de febrero pasado, luego de 2 meses de las manifestaciones.
Además, requirió a la jueza Isabel Bracho, la notificación del acta de imputación, a más de que solicita la aplicación de medidas alternativas, tales como la obligación de presentarse ante el juez, prohibición de salida del país y una caución personal o real.
QUERELLA. Además, Liz Carolina Gómez, dueña de la firma Intuición Femenina SA, responsable de la firma Auto Fácil, planteó querella contra los ahora procesados.
Según explica, Mirna Alfonso, desde noviembre del 2021, por el Facebook y el Twitter, hace publicaciones en un grupo denominado Denuncias Mocipar, donde dice que sus empresas es Mocipar SA, o sin pruebas, alega la accionante, dice que es de Dani Durand.
Dice incluso que supuestamente ingresaron a la firma y agredieron a sus hijas. Niegan que el ex ministro este detrás de su negocio y que los imputados buscar generar odio, resentimiento y animadversión contra ellos.
Dicen que hay coacción, coacción grave, tentativa de lesión, entre otros.
Hubo apoyo a los imputados ante el Juzgado de Lambaré
En la semana, hubo manifestación frente al Juzgado de Lambaré, donde la jueza de Garantías, Isabel Bracho, hace oficina. Ante esto, la fiscala que imputó a las cinco personas, Laura Romero, solicitó la suspensión.
La magistrada había citado para la imposición de medidas cautelares, tras admitir la imputación que planteó la citada agente del Ministerio Público.
Con ello, deberá fijar nueva fecha para la diligencia. La querella es por incitación a cometer hechos punibles, aunque en el escrito, se citan varios otros hechos punibles supuestamente cometidos por los procesados, pero que no fueron imputados por la Fiscalía.
