La representante del Ministerio Público apeló ayer a tempranas horas la resolución del juez penal de la Adolescencia de Ciudad del Este Marino Méndez, quien rechazó el 14 de junio pasado el pedido planteado por la interviniente de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, argumentando qué “la actuación del señor Ernesto Javier Zacarías, en su carácter de asesor ad honorem, no constituye la actuación de un funcionario público en actividad”.
“No obra en ‘función del órgano´ (o sea de la intendencia), y consecuentemente no le son imputables. Se trata de un asesor externo (al órgano) cuya actividad consiste en dar consejos o brindar opiniones (por supuesto no vinculantes) a una persona que ejerce la función pública”, refiere parte del argumento del magistrado.
Por su parte la fiscal Aghemo refirió que el razonamiento del juez es total y absolutamente alejado al espíritu e intencionalidad de nuestra Ley Penal donde señala que el funcionario público es “toda persona que ejerce una función pública conforme al derecho paraguayo”.
AGRAVIO. También agregó que la decisión de Méndez produce un agravio irreparable, teniendo en cuenta que dictó una resolución judicial que impide el ejercicio de la persecución penal al rechazar la solicitud de reapertura de la presente causa.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl abogado Nicolás Russo, uno de los denunciantes, había señalado que el juez debe ser suspendido y enjuiciado de oficio por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Esto demuestra que la mafia sigue operando, el Poder Judicial está podrido en Ciudad de Este”, dijo.
Denunciado y desestimado. Cabe destacar que el caso que fue denunciado por las abogadas Kattya González (actual diputada) y María Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el 21 de junio de 2017, fue desestimado por pedido de la fiscal Yolanda Portillo, quién refirió que el delito de enriquecimiento ilícito había prescripto por el paso del tiempo, ya que había transcurrido 10 años desde que Zacarías Irún había dejado la función pública en el año 2007.
Sin embargo, Aghemo mencionó que Irún es cónyuge de Sandra McLeod quién se desempeñó por más de 10 años como intendente municipal de Ciudad del Este y que está siendo investigada por el Ministerio Público en la causa N° 281/2018 por el hecho punible de enriquecimiento ilícito, que al ser un crimen es un hecho precedente al lavado de dinero.
Por otra parte el parlamentario colorado fue imputado por lesión de confianza, en carácter de instigador. Incluso el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva. En su momento, el político esteño aseguró que estaba preparado para ir preso, y agregó que había una gran presión política ejercida por el presidente, Abdo.