“Yo siempre estoy trabajando en el marco institucional. Desde que asumí están diciendo esas cosas”, expresó.
También minimizó los pedidos de juicio político que presentó la oposición en varias ocasiones y dijo también que desde que se encuentra al frente de la Fiscalía General, algunos sectores políticos hablan de un juicio político en su contra.
En relación al secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos, y las versiones de la supuesta responsabilidad de los narcotraficantes en el crimen, la fiscala señaló que no se puede descartar ninguna hipótesis, en vista a que la investigación aún es muy incipiente.
“Sería muy irresponsable de mi parte descartar todo tipo de posibles vinculaciones”, dijo.
En cuanto a los USD 130 millones que solicita el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio para el combate a las bandas criminales en el norte, dijo que sería loable contar con equipamientos para hacer frente a grupos terroristas armados como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP).
“Es muy importante la tecnología en estos trabajos. Siempre ha sido la tecnología la que nos ha ayudado. Todo lo que no pueda ayudar tiene que ser bienvenido”, manifestó.
Dijo que siempre fue difícil capturar a este tipo de criminales porque en parte tienen un buen manejo de la geografía de la zona norte.
“Necesitamos mayor presencia del Ministerio Público acompañando”, dijo al tiempo de citar que se crearon dos unidades más de la Fiscalía en Horqueta para contar con mayores resultados, a pesar que se cuenta con pocos recursos humanos. Agregó que un principio no se creía que incursionaba el EPP y se dejó crecer a la organización hasta encontrarnos en esta situación. La fiscala también minimizó que no se la haya invitado al encuentro hace una semana entre el presidente Mario Abdo Benítez y la alta funcionaria de EEUU, Victoria Nuland. Alegó que fue una visita que se le hizo al presidente y no a ella.
Sería muy irresponsable de mi parte descartar todo tipo de posibles vinculaciones. Todo es incipiente.
Sandra Quiñónez,
fiscala general.