Los juzgados afectados son los de La Encarnación, San Roque, La Recoleta y La Catedral, del primero y segundo turno todos de la capital. Las órdenes de allanamiento fueron dadas por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, que también dispuso la incautación de los aparatos celulares.
La fiscala Belinda Bobadilla estuvo en el Juzgado de La Encarnación, a cargo de la jueza Analía Cibils, quien no se encontraba en su despacho. Según los funcionarios, había sido convocada por la Corte. Tampoco estaban los dos actuarios y los ujieres, por lo que no pudieron incautar los celulares. Sí se llevaron los expedientes.
Por su parte, el Juzgado de Paz de La Catedral, del primer turno, a cargo del juez, Gustavo Villalba, estuvo a cargo de la fiscala, Luz Guerrero. En el operativo, el magistrado estuvo acompañado de su abogado, José Fernández Zacur. Entregó su celular, pero no dio la contraseña. También llevaron expedientes.
El Juzgado de Paz de La Recoleta fue allanado por los fiscales, Natalia Silva y Néstor Coronel, pero tanto el juez Víctor Rodríguez, como sus actuarios y ujieres, se hallan suspendidos por la Corte. Se incautaron expedientes.
El Juzgado de Paz de La Catedral, del segundo turno, a cargo de la magistrada, Nathalia Garcete, fue visitado por el fiscal, Leonardi Guerrero, quien también se incautó de celulares y de varios expedientes correspondientes a juicios ejecutivos.
Igualmente, el fiscal Jorge Arce allanó el Juzgado de Paz de San Roque, a cargo de la magistrada, Liliana González de Bristot, quien también tuvo que entregar su celular. Además, también se incautaron de los expedientes.
AUDITORÍA. Los expedientes que fueron incautados son los revisados en la Auditoría dispuesta por la Corte Suprema, donde se hallaron varias de las irregularidades, con lo que ya se tienen los probables hechos punibles.
Es que, según explicaba la fiscala, Belinda Bobadilla, quien encabeza la investigación, es humanamente imposible verificar la cantidad de expedientes que manejan los juzgados de Paz.
Con ello, la auditoría de la Corte sirve de parámetro para la pesquisa, ya que hallaron, entre otras cosas, las notificaciones “voladoras” donde un mismo ujier, notificó en tres a cuatro ciudades diferentes a la misma hora.
Incluso, también había providencias sin firmas, pagarés que no estaban autenticados, expedientes que no eran foliados, recibos de coberturas de gastos que no estaban en los expedientes, entre otros.
La investigación abierta por la Fiscalía busca indicios de la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, cohecho pasivo agravado (coima), cobro indebido de honorarios y prevaricato. Según los fiscales, por la cantidad de denuncias realizadas y de expedientes hace muy difícil conocer a ciencia cierta el monto de dinero que estaría en juego en esta caso. Hasta ahora no existen imputados en la causa.
