En realidad, Marset solo habló de venganzas jurídicas, pero, proviniendo de ese submundo, es saludable leer entrelíneas. Por eso, la Corte Suprema ordenó que los fiscales tengan una custodia policial reforzada y la Senabico puso a su disposición vehículos blindados incautados en distintos procedimientos.
A la vez, volvimos a ver los fantasmas que nos recuerdan el reinado de esplendoroso terror de Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La desgastada institución sucumbe hoy ante una asfixiante mayoría cartista que, con pobres contrapesos, puede hacer lo que se le antoje con aquellos que toman decisiones molestas. Le toca ahora al fiscal Luis Said, cuyo caso hubiera llegado hasta el final de modo desapercibido si no fuera que él mismo anunció su inminente destitución.
Es un fiscal que encabezó investigaciones que terminaron con la prisión de políticos colorados relevantes. A fines de 2021 logró que el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, fuera condenado a ocho años de cárcel por lesión de confianza. Fue también él quien, al año siguiente, consiguió que un tribunal condenara al ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, a tres años de prisión por múltiples actos de corrupción que ocasionaron un daño patrimonial de más de 1.000 millones de guaraníes. Con él, también fue al encierro, su subalterna María del Carmen Martínez, quien ya nunca más podría despegarse del bochornoso apodo de “comepapeles”.
Pero, pocos lo dudan, el caso que lo pone en aprietos hoy fue la condena a 11 años de prisión del ex gobernador de Villa Hayes, Óscar Ñoño Núñez, por desvío de fondos, dictada hace ocho meses. La cifra de lo que sustrajo a proyectos sociales destinados a la gente más humilde de su departamento tiene un dígito por cada año de cárcel que debe cumplir: 42.503.556.035 guaraníes.
Es el hermano de Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso y representante del ala más dura de Honor Colorado. No hay cómo probarlo, pero el olor a venganza inunda el ámbito judicial. Sobre todo, porque el JEM es un escarmiento siempre disponible. Ya lo ve, los fiscales paraguayos se desenvuelven en un seductor ambiente de corrupción general, agravado en casos de narcotráfico o política. Están los que se rinden ante estas amenazas y están los que se resisten a perder su independencia.
Estos últimos, cada vez son menos. El cartismo también tiene holgada mayoría en el Consejo de la Magistratura, la puerta de acceso al Poder Judicial. En el concurso de noviembre pasado, las ternas de jueces, fiscales y defensores públicos fueron conformadas sin tener en cuenta a los mejores posicionados. La simpatía con el cartismo valió más. Muchos de esos fiscales sumisos se convertirán en verdugos del poder. Para los que no se amoldan está el JEM. La puerta de salida, la mera calle para el fiscal inadaptado.
De ahí que la continuidad de Said penda de un hilo. Si se postergó es solo porque hubo alguna reacción colectiva proveniente de gremios de abogados comprometidos en la lucha contra la corrupción. Sus colegas fiscales también difundieron un comunicado de apoyo, aunque tan insípido y temeroso que motivó chanzas en las redes.
Al cartismo, que inconstitucionalmente borró a Kattya González del Legislativo, no le costará mucho desprenderse de Luis Said en el Ministerio Público. Y, lo hará, si percibe que el costo político es irrelevante. La suerte del fiscal dependerá de la potencia de la reacción social, que, hasta ahora, ha sido escasa.
