Se puede decir que los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti hicieron un copy paste en varias partes de las 60 hojas del documento, como ocurrió en las páginas 8 y 16. En las páginas 11, 17, 25 y 27 se repiten varios párrafos, haciendo entender que se quiere insistir en sus sospechas contra los imputados.
Algo similar ocurre en las páginas 12, 18, 20 y 24, que dicen lo mismo en varios apartados.
MÁS REPETICIONES. Se repite también en 14 ocasiones que el Diario Última Hora había publicado, por un lado, que las empresas de Cartes habrían pagado hasta G. 50 millones mensuales a Boidanich y, por otro, que la Fiscalía de Panamá se encontraba con una investigación abierta contra Cartes.
También citó al medio ABC Color que difundió sobre la causa en Panamá, publicando incluso el documento de solicitud de datos al Paraguay.
Con esto, el Ministerio Público mostró que solo un órgano de inteligencia como Seprelad tenía acceso a ambas informaciones.
Por otra parte, entre otra de las repeticiones, seis veces mencionaron que el pedido de informe de Panamá tenía “carácter confidencial”.
La Fiscalía también mencionó en la imputación en diez ocasiones la teoría de que el objetivo de las filtraciones era “desacreditar políticamente al ex presidente de la República Horacio Cartes”, ya que en ese momento disputaba con Marito el cargo de presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
A su vez, citaron cuatro veces que el “esquema” en contra de HC habría ocasionado “un gran desprestigio” al ex mandatario y a las empresas vinculadas.
En siete ocasiones escribieron el mismo párrafo que decía que el informe de inteligencia “contenía entre otros datos: el resumen de pagos de salarios percibidos por Santiago Peña en el Banco Basa y el resumen de pagos de la firma Tabesa a favor del ex ministro secretario de la Seprelad Óscar Boidanich”.
Insistieron en que este archivo sirvió de base para que Mario Abdo Benítez filtre a la prensa los datos sensibles.
Algo llamativo también que se cita en el documento es que la propia Seprelad desmiente en una nota que se trate de un informe de inteligencia elaborado a partir de la denuncia de Giuzzio y que solo encontraron un “proyecto de informe de inteligencia”; sin embargo, los fiscales en algunos párrafos admiten que solo era un proyecto y en otros sostienen que dicho informe era oficial.
SOSPECHAS. En la mediática imputación se incluye a Abdo, al diputado Mauricio Espínola, a los ex ministros Carlos Arregui (de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Seprelad), Arnaldo Giuzzio (del Interior) y René Fernández (de la Secretaría Anticorrupción), y a los funcionarios públicos Carmen Pereira (ex viceministra), Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los imputaron por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Tras la denuncia de Giuzzio contra Cartes –en enero del 2022–, Abdo supuestamente impulsó a funcionarios a elaborar y filtrar el informe de inteligencia.
Los avances del documento se enviaban por correo y habrían colaborado presuntamente funcionarios ajenos a Seprelad.
