La fiscala adjunta Matilde Moreno fue quien designó a Llano, tras recibir una nota con el sello de “prioridad”, firmado por el adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, donde pedía abrir la causa.
El fiscal adjunto hizo constar la publicación de un medio brasileño, que señala que la agencia ABIN “habría participado (de manera directa o indirecta) en la ejecución de acciones de intrusión (hackeo) y en la planificación operaciones internacionales de espionaje a varios objetivos situados en la República del Paraguay”.
El hecho ocurrió entre junio de 2022 y marzo del 2023, durante el periodo del anterior gobierno.
El fin habría sido conseguir la información confidencial relacionada con la negociación de tarifas de la hidroeléctrica Itaipú, y, según el fiscal, serían paraguayos los objetivos de este hackeo.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSe presume que se trató de ingresar o efectivamente se ingresó a dispositivos electrónicos del presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, así como de senadores, diputados, de funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y miembros del cuerpo diplomático.
La herramienta utilizada habría sido Cobalt Strike, con la cual obtuvieron “contraseñas e informaciones sensibles”.
Se infiltraron en sistemas que permiten el control remoto de dispositivos, así como capturar credenciales almacenadas, robar archivos o interceptar comunicaciones, según reportó Doldán.
Ahora el Ministerio Público investigará el supuesto acceso indebido a datos, acceso indebido a sistemas informáticos e interceptación de datos.
PREVIO AL ACUERDO. Según el portal UOL de Brasil, la planificación de la operación de espionaje comenzó durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero fue ejecutada en el periodo del presidente Luiz Lula da Silva.
El hecho supuestamente se dio meses antes de que, en mayo del año pasado, Brasil y Paraguay concreten el acuerdo sobre los montos que recibe nuestro país por lo vende a la nación vecina.
Según el Anexo C, los dos países tienen derecho al 50%, de toda la energía, pero el Paraguay usa solo el 10 o 15% y el resto lo vende al Brasil.
La tarifa de la central hidroeléctrica de Itaipú es una disputa comercial entre los dos países que se viene arrastrando durante muchos años.
