Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, formularon acusación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por los supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal.
La misma imputación y acusación fue presentada contra Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (ex director de Administración y Finanzas de la comuna), Maggi Elizabeth Fariña Almada (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones –UOC– de la municipalidad), Sebastián Martínez Insfrán (concejal municipal), Higinio Ramón Acuña (jefe de División, Adquisición y Suministro de la comuna).
También Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez (encargada de órdenes de pago del municipio), Nelson Alexis Segovia Acevedo (tesorero); y Emili Vanessa Florentín Páez (presidenta de Vanemi SA).
Lea más: Fiscalía imputa a Miguel Prieto y a 12 personas por lesión de confianza y otros hechos
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAdemás de Fermín Ávalos Britos, propietario de la empresa Tía Chela SRL, que fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este; José Félix Cáceres Galeano y Julián Benítez Gamarra.
Estas personas son sindicadas de formar parte de un esquema encabezado por Prieto, que supuestamente desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio esteño
Prieto habría promovido una licitación para adquirir insumos para panificados
Conforme al antecedente de la causa, Miguel Prieto, ordenador de gastos y administrador general de la comuna, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habría convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia de Covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo con los elementos recabados, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional al intendente.
El perjuicio ocasionado a las arcas municipales sería de G. 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, según el Ministerio Público.
