El ex gobernador y actual diputado colorado, Rubén Antonio Roussillón Blaires, se encuentra acusado por lesión de confianza por parte del Ministerio Público, en el marco de la causa 30/14 contra el hermano del senador Basilio Núñez y también ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, quien fue condenado a 11 años de cárcel por un desvío de más de G. 50.000 millones.
La Fiscalía sostiene que Roussillón Blaires estaría implicado en el perjuicio patrimonial de G. 853 millones a la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes, con el cobro de 41 cheques correspondientes al ente, sin tener justificativos legales, en el período administrativo de Oscar Núñez y Emigdio Osvaldo Benítez (2008-2013).
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Sin embargo, el juez de Paz de Benjamín Aceval, Roberto Ferreira, le otorgó el sobreseimiento definitivo y levantó las medidas cautelares en su contra.
La fiscala Belinda Bobadilla señala en su apelación que la resolución del juez se basó en un error de interpretación de las normas jurídicas que lo ha llevado a concluir que la acusación del Ministerio Público incluía pruebas que no fueron señaladas en el auto de sobreseimiento provisional y que, además, las pruebas presentadas por la defensa técnica tenían la fuerza suficiente para acreditar que el hecho atribuido al ex gobernador no constituía hecho punible, pues estaba “totalmente justificado el cobro de los 41 cheques” emitidos por la Gobernación.
En ese sentido, la agente fiscal sostiene que la resolución dictada por el juez afecta negativamente, ya que no solo desconoce el derecho, sino que además no se ha aplicado las normas procesales que han llevado a la desvinculación definitiva del procesado en un caso sumamente delicado.
“El juez también omitió referirse al planteamiento realizado por la Fiscalía en cuanto a la inclusión probatoria, el cual, sin más, rechazó sin haber vertido una sola fundamentación que justifique dicha decisión”, recalca.
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Entre tanto, menciona que el juez afirma que en los 41 cheques efectivizados por el ex gobernador el mismo no tuvo participación en la firma de los mismos, ya que “todos fueron solicitados por personas físicas, jurídicas, asociaciones civiles, sociales y deportivas legalmente habilitadas para el efecto (por eso el Banco pagaba)”.
“En abierta violación de la ley, el juzgado realiza una afirmación completamente inventada, no podemos siquiera tener conocimiento de donde obtuvo dicha información, puesto que no se ha producido ningún tipo de declaración testifical o documento del cual él juzgado pueda realizar dicha información, el mismo sólo se limitó a hacer un juicio de valor, usando como fuente, las manifestaciones vertidas por la defensa al momento de sus incidentes”, cuestiona el Ministerio Público.
Además, refiere que entre los 41 cheques se hallan los cheques supuestamente endosados por los señores Alejandro Vargas y Nelson Galeano, quienes prestaron declaración en juicio oral sobre estos mismos cheques y afirmaron que esos endosos no les pertenecían, además de no tener vínculo con la Gobernación, ni con Rubén Roussillón.
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“Precisamente estas declaraciones fueron tomadas en cuenta por el Tribunal de Sentencias que finalmente resolvió condenar al ex gobernador Oscar Núñez y a la ex administradora Nancy Núñez (conyuge de Rubén Roussillón), por lo tanto, como ya referimos, el juez ha realizado una afirmación falsa al decir que esos cheques fueron solicitados por esas personas”, cuestiona.
También señala que al juez le está prohibida la realización de valoración de pruebas en la audiencia preliminar y que se atribuyó funciones de un Tribunal de Sentencia. En consecuencia, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares contra el diputado y ex gobernador.
Para el Ministerio Público, Roussillón tuvo participación ayudando a los principales responsables de la administración de la Gobernación, su esposa Nancy Núñez Roussillón y el condenado Óscar Núñez, a causar un daño a la gobernación.
