El procesado había sido hallado culpable de enriquecimiento ilícito y condenado por el Tribunal de Sentencia integrado por Víctor Medina, Olga Ruiz y Elsa García, el pasado 7 de enero.
El fiscal señala que “quedó fehacientemente demostrado la existencia del hecho punible y autoría del acusado Miguel Ángel Carballo, decisión judicial no cuestionada por ésta Representación Pública”.
“Sin embargo, sí cuestionada en relación al quantum de la sanción aplicable al mismo”. Con ello, la Fiscalía pide la nulidad de la pena, de modo a que pueda hacerse otro juicio oral con relación a la pena.
Según la Fiscalía, Carballo tuvo ingresos en la función Pública, por G. 3.069.914.132, mientras que en el mismo período tuvo egresos por la suma de G. 7.552.327.981. De esta manera, existe una diferencia de G. 4.482.413.849, que no pudo justificar.
Piñánez, en su recurso de apelación especial, sostiene que hubo un error en la aplicación de la norma, en el sentido de que tuvo que tener la conducta de Carballo como agravada.
“El actuar del procesado por la conducta ilícita constituye un mal ejemplo para el funcionariado público que debe cumplir funciones con exclusividad para lo que fue designado y mantenerse con el salario que le es asignado”, apunta.
Refiere que por ese motivo corresponde una circunstancia agravante para el procesado Miguel Ángel Carballo por el hecho punible cometido.
También sostiene que la resolución impugnada contenía lo que se llamaba fundamentación aparente, y que violaba el principio de proporcionalidad.
Para el fiscal, “tampoco existe razonabilidad en el accionar del Tribunal A-quo al establecer una pena mínima (dos años y seis meses) cuando la existencia del hecho y participación del acusado fue debidamente probada en juicio”.
Asimismo, remarca que la expectativa de pena del hecho punible investigado era de hasta diez años de prisión.
Inclusive apunta que “la falta de correspondencia patrimonial del procesado Miguel Ángel Carballo, en cuanto a sus ingresos y egresos, tiene un saldo negativo no de monedas sino de G. 4.482.413.849”.
De esta manera, el agente fiscal solicita al Tribunal de Apelación anular la pena de 2 años y medio de cárcel y disponer el reenvío para un nuevo juicio oral, pero solo con respecto a la pena a ser aplicada.
Con ello, la Fiscalía pretende que se mantenga la culpabilidad de Carballo de enriquecimiento ilícito, y solo aumentar la pena en otro juicio oral.
De la apelación se correrá traslado a la defensa del acusado, que deberá responder. No obstante, lo más probable es que la defensa también apele la resolución.
Es que con la pena aplicada, Carballo necesariamente deberá ir a la prisión, en caso de mantenerse los 2 años y medio de cárcel.
Se había pedido más de 6 años en juicio
Durante el juicio oral que finalizó el pasado 7 de enero, el fiscal Luis Lionel Piñánez había requerido la pena de 6 años y medio de cárcel para el acusado Miguel Ángel Carballo. Supuestamente, el mismo era prestanombre del ex senador colorado Víctor Bogado, quien perdió la investidura.