La causa surgió a raíz de un reporte de auditoría de la Contraloría General de la República a la administración de Bataglia.
El informe presentado por la fiscala Machuca señala que “el Consejo de Administración del IPS aprobó préstamos para dar cumplimiento a la Ley 7037/22, por un monto de G. 425.000.000.000. Así, el presidente del IPS firmó un pagaré a sola firma, a favor de Intercisa Banco, por la suma de G. 65.379.679.514 más intereses, cuando debió ser 50.000.000.000 más intereses. Sin embargo, este hecho no puede ser punible, pues, el pagaré por G. 65.379.679.514 fue anulado en fecha 10 de agosto de 2023 e intercambiado por un nuevo pagaré por el monto correcto de G. 50.000.000.000 más intereses”.
Sobre el punto, resalta que “este hecho no puede ser punible, pues no existió perjuicio patrimonial”.
También argumenta que “el IPS no cuenta con los respectivos comprobantes por un total de G 1.157.694.787.925, correspondiente al pago a proveedores médicos. En el informe técnico elaborado por un perito contable del Ministerio Público se refiere que ese monto es el provisionado para pago de medicamentos que ingresaron al parque sanitario, que luego de un control por los departamentos administrativos correspondientes son pagados. La CGR informó que el IPS no envió los documentos al momento en que le solicitaron, pero el IPS los envió con posterioridad al Ministerio Público y se realizó un cotejo de todos los comprobantes de pago, constatándose que no existían diferencias”.
Además, señala que “el préstamo de G. 425.000.000.000 no estuvo presupuestado en el ejercicio fiscal 2022. Esto no podría haber sido posible, pues, la Ley 7037/2022 fue promulgada el 29/11/2022, con posterioridad a la elaboración del presupuesto, además de ello, esta situación no constituye hecho punible, es una cuestión administrativa”.
En otro punto, resalta que “el IPS no remitió los documentos de conciliación de la diferencia de G 10.607.631.653 entre el estado de resultado y la ejecución presupuestaria de gastos de subsidio de maternidad. El informe técnico refiere que los saldos flotantes expresados por la CGR podrían haberse cancelado en los meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal (31/12/2022)”.
Y por último, detalla que sobre la “diferencia de G. 21.731.928.931 en los meses de junio y diciembre de 2022. Este punto tiene las mismas condiciones que el referido anteriormente. La diferencia comprobada por la CGR de los dos meses mencionados, fueron pagados con posterioridad conforme lo refirió el perito luego de un cotejo de las documentaciones remitidas por el IPS”.
Tanto el contralor general de la República, Camilo Benítez, como el actual dirigente de jubilados, Pedro Halley, y el director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) José González, venían advirtiendo sobre las intenciones de la Fiscalía de blanquear al ex titular de la previsional Vicente Bataglia, con un apresurado pedido de desestimación de la denuncia. El contralor criticó la nula labor de los fiscales del caso, Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, quienes actuaron como defensores de los denunciados y dejando “un nefasto precedente”. Mientras que Halley calificó de una “asquerosa impunidad” y denunció que “este dictamen lo que pretende es que Bataglia no hable; ya que si hablara en un juicio, va a destapar una olla podrida y no se salva nadie. Yo creo que es eso lo que el Gobierno actual no quiere, porque si llega a hablar este señor, ahí sí que atajate, industria farmacéutica, Consejo de Administración; atajate, gobierno; ahí el ventilador a mil y va a repartir mierda”.
