En ese sentido, el organismo dirigido por la fiscala Sandra Quiñónez aseguró que los cuestionamientos hechos por la Coordinadora de Abogados del Paraguay y el grupo denominado Somos Anticorrupción Paraguay “no se ajustan a la verdad”.
Es que ambas organizaciones de la sociedad civil dirigidas por la abogada María Esther Roa, denunciaron que unas 29 causas por corrupción pública se encuentran en etapa de prescripción y que ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia responden a los pedidos de urgimiento que realizó este grupo, que viene desde hace meses vigilando el avance de los procesos.
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“La UDEA, a cargo de la fiscala Soledad Machuca, nunca respondió a los pedidos que hacemos ni tampoco da instrucciones a sus agentes fiscales a cargo para que estos puedan por lo menos pedir el adelantamiento. Ni siquiera contesta las notas”, dijo Roa.
A esta acusación respondió ayer la Fiscalía citando una serie de casos en los que, asegura, accionó y llevó adelante la investigación.
Uno de los casos que se citó fue el que investiga justamente al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.
De acuerdo al descargo del Ministerio público, esta causa ya fue elevada a juicio oral, se encuentran pendientes la resolución de recursos en el Poder Judicial planteados por la defensa.
En el caso de la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, denunciada por compras irregulares de tapabocas y agua tónica durante la pandemia, la Fiscalía afirma que ya fue acusada en junio de 2021 pero que múltiples chicanas son las que impiden realizar audiencia preliminar, por lo que la misma ya fue advertida con sanciones por la Corte.
Otro de los casos en el que la Fiscalía asegura que accionó fue en el que se le investiga al ex titular del Indert Justo Cárdenas. Explican que el político ya fue sentenciado, pero que el Ministerio Público apeló la baja condena puesto que la fiscala solicitó 11 años de cárcel. Está pendiente un nuevo juicio para la medición de la pena por un recurso presentado. Además, se obtuvo el comiso de bienes por G. 3.200 millones, señala el escrito fiscal publicado ayer.
Citan también el caso del ex diputado liberal Carlos Portillo, quien fue acusado ya en noviembre de 2018 por la fiscala Liliana Alcaraz. “La causa fue elevada a juicio oral y la defensa ya ha presentado múltiples recursos dilatorios para evitar juicio”, dice el escrito.
Sobre el caso Tomás Rivas, causa denominada caseros de oro, los 3 procesados fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena Ante la baja pena otorgada, el fiscal Luis Piñánez apeló el fallo, agrega el escrito.