El fiscal general, Juan Lanchipa, informó que presentó “ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez”, que incluye cargos de “genocidio”, sancionado con pena de cárcel de 10 a 20 años, de acuerdo al Código Penal boliviano.
La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara luego de semanas de protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato.
Morales huyó del país luego de que un informe de la OEA hallara pruebas de fraude.
Después de las elecciones, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.
En un informe presentado esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en los dos incidentes, que calificó de “masacres”.
Por su lado, Lanchipa contabiliza “20 muertos” en Sacaba y Senkata.
Esos hechos han sido “calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, señaló el fiscal.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, aliado de Morales, y en marzo fue detenida.
La expresidenta no se ha pronunciado sobre la acusación, pero el martes publicó en Twitter: “Exigimos respeto a la Constitución, garantías con un debido proceso e igualdad de condiciones”.
- Reacciones -
Áñez, varios de sus ministros y exjefes militares y policiales son señalados por el actual gobierno y el partido oficialista de haber dado un golpe de estado contra Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los gobiernos del argentino Mauricio Macri y ecuatoriano Lenín Moreno.
Para que se realice un juicio contra la exmandataria, en prisión preventiva desde marzo, el máximo tribunal debe pedir la aprobación al Congreso.
La aprobación solo es posible con dos tercios de los miembros presentes del Congreso, y aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales controla el parlamento, no tiene una mayoría suficiente.
La oposición, que ha denunciado una falta de independencia de poderes, llamó a evitar que un juicio contra Áñez sea un instrumento político.
“Primero debemos reformar la justicia, porque no es independiente y autónoma, mientras no haya reforma judicial no se puede hacer nada”, dijo el diputado Alejandro Reyes, del partido centrista Comunidad Ciudadana.
Sus llamados de reforma judicial fueron refrendados por el influyente arzobispo católico Jesús Juárez.
Pero el senador del MAS Adolfo Flores dijo que “es incorrecto” que la oposición “demande una reforma de la justicia”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, vaticinó que el proceso contra la exgobernante será lento y podría darse con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, porque sus actuales miembros culminan sus funciones en dos años.
Contra Áñez también hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y por el otro por presunto incumplimiento de deberes.
