El Ministerio Público Federal también incluyó en la querella al exministro de Hacienda Antonio Palocci, uno de los hombres más influyentes en los Gobiernos de Lula (2003-2010) y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto.
Los tres son acusados de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula, que ya fue objeto de otras investigaciones en otros casos de corrupción.
La Fiscalía señaló que encontró indicios del pago de sobornos por parte de Odebrecht que alcanzaron el valor de cuatro millones de reales (unos USD 760.000) entre “diciembre de 2013 y marzo de 2014", cuando Lula ya había abandonado el poder.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSegún la investigación, ese montante se disfrazó “en forma de donación filantrópica” para el Instituto Lula para el supuesto beneficio del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
“Los valores ilícitos fueron transferidos mediante cuatro operaciones de donación simulada realizadas por el grupo Odebrecht en favor del Instituto Lula, cada una de un valor de un millón de reales” (USD 190.000), indicó el Ministerio Público en la nota.
Esas comisiones ilícitas de Odebrecht tuvieron su origen, sostienen los investigadores, en los desvíos ocurridos en el seno de la petrolera estatal Petrobras, y siguieron el mismo modus operandi que en otros casos similares ya juzgados en primera y segunda instancia.
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El procurador Alessandro Oliveira destacó que la denuncia va acompañada de un “amplio conjunto de pruebas” que, según él, fundamentan los cargos formulados.
Lula, de 74 años y que alega sufrir “persecución” judicial, ha sido condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en procesos relacionados con la Lava Jato, aunque actualmente responde en libertad tras haber pasado un año y siete meses en la cárcel.
La primera condena, de 8 años y 10 meses de cárcel, de la que ya cumplió 19 meses, ha sido ratificada en tercera instancia y aún falta el análisis del Supremo para que sea firme.
La segunda fue ratificada por un tribunal de segunda instancia que aumentó la pena a 17 años y 1 mes de prisión.
Además, responde a varios procesos por casos similares vinculados también con la operación anticorrupción Lava Jato, que desde 2014 investiga los desvíos en Petrobras y ha llevado a prisión a numerosos políticos y empresarios en Brasil.
No obstante, los fiscales de la Lava Jato viven ahora su momento más delicado, cercados por críticas que vienen tanto dentro como fuera del Ministerio Público y que acusan a la operación de falta de transparencia y de tener sesgo político.
Aunque tras varios días de incertidumbre, la Procuraduría General de la República prorrogó los trabajos de la Lava Jato hasta enero de 2021.
